¿Se rompió algún tipo de tregua? Cuatro años después de la posesión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, se ha montado lo que parece ser una operación real para destituirla o, al menos, alejarla temporalmente del cargo mientras se buscan otras salidas.

Salazar se posesionó en abril de 2019 y los ataques a su gestión han existido, especialmente desde el correísmo, pero no han pasado de la descalificación. El panorama cambió en marzo, cuando la ahora exasambleísta Luisa González empezó a hablar con fuerza de un juicio político contra la fiscal.

Pocos se atreven a lanzar hipótesis sobre qué cambió este tiempo. El activista y articulista Carlos Andrés Vera escribió el 19 de mayo, en Twitter: ¿Vio señora fiscal que no sirve para nada hacerle ojitos a (Rafael) Correa? Ahora van por usted”. Eso, luego de conocer que un grupo de abogados buscaba información para demostrar que la tesis con la que obtuvo el título de abogada es un plagio.

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El exlegislador e integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pedro Velasco, dice no tener elementos para hablar de un acercamiento de Salazar con alguna corriente política y apunta a otras causas este enfilamiento en su contra: existe un plan para apoderarse de todas las entidades y por los resultados que ha tenido en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, en Fiscalía reposan por años procesos como Caminosca (cinco años), en el que podría estar involucrado el exvicepresidente Jorge Glas; otros que se desprendieron del caso Sobornos, en el que se condenó a Correa, entre otros; 18 por la fallida Refinería del Pacífico y tres por delincuencia organizada; tráfico de influencias, y lavado de activos tras el terremoto de 2016. Eso ha levantado ciertas suspicacias.

• Parsimonia. No avanza el proceso por posible tráfico de influencias en contra de José Joaquín Franco, cercano al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cuya vivienda fue allanada hace casi diecinueve meses.

En marzo, ante la pregunta de cómo ha logrado no ser incómoda para el correísmo, Salazar le dijo a EXPRESO “más que no ser incómoda, se trata de no dar elementos: si cumplo con mi trabajo no tienen un pretexto para iniciar un juicio político. No se entiende que la Fiscalía no se mueve con los tiempos de la política y por eso se nos trata de endosar cualquier cosa”.

Luisa González dijo, hace un par de meses, en una entrevista radial, que ella venía planteando enjuiciar políticamente a Salazar desde hace mucho tiempo “porque ha perseguido personas y no delitos”, pero que eso no había prosperado porque, al parecer, no habían los votos, sin dar más detalles de si dentro de su bloque tampoco los tenía.

Con la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso se desactivó la posibilidad de censurar y destituir a Salazar. El exasambleísta Velasco dijo que entonces al parecer le pasaron la misión al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que con una agilidad pocas veces vista ha entregado información sobre el concurso de designación de Salazar y ha convocado, para el viernes próximo, a una audiencia solicitada por los integrantes de Acción Jurídica Popular que investigan el supuesto plagio.

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El presidente del organismo, Alembert Vera, negó ayer que exista un concierto de entidades, a las que se suma el Consejo de la Judicatura en contra de Salazar y que lo normal es que se investiguen las acciones y gestión de la fiscal ante la presunción de irregularidades.