La Corporación para la Transparencia Fiscal Ecuatoriana le informó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, que el organismo no está facultado para convocar una veeduría ciudadana, cuyo objetivo sea la vigilancia de los decretos de ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso.

Detalla que esta acción “adolece de nulidad absoluta”. Además, ese ente aclaró que el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional señala que la encargada de juzgar las acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos leyes de urgencia económica es la Corte Constitucional.

Aclara también que las veedurías constituyen organismos de control social que permiten a los ciudadanos vigilar y fiscalizar la gestión pública.

Esto luego de que el 24 de mayo de 2023, mediante una moción presentada por Augusto Verduga, miembro de la entidad, se aprobara conformar una veeduría ciudadana que fiscalice los decretos presidenciales.

A juicio de los consejeros, la veeduría debería estar integrada por dos abogados expertos en Derecho Tributario o Laboral, y con dos economistas, dado el análisis técnico que deberían realizar.

El Consejo de Participación Ciudadana determinó que esta actividad la realizaría durante resto del período presidencial de Guillermo Lasso.

Asimismo, la semana anterior el organismo de control inició las inscripciones a escala nacional para la conformación del equipo de veedores.