Sin cambios y con sorpresa en votación del informe, Ley de GAD va a debate final

La Ley urgente para la Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocida como Ley de los GAD, avanzó al Pleno de la Asamblea. El informe para segundo debate se aprobó en la Comisión de Desarrollo ayer sin modificaciones, ni en el texto normativo ni en la postura y discurso del oficialismo.

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La sesión de la comisión duró menos de una hora. La presidenta de la mesa, Valentina Centeno (ADN), repitió los mismos argumentos que ya había expuesto durante el primer debate en el Pleno y en la aprobación del informe que sustentó esa discusión, el sábado pasado.

Una sola sesión extra para el informe final

Un hecho resultó revelador: el oficialismo en la comisión decidió escuchar únicamente tres comparecencias adicionales para elaborar el segundo informe, que finalmente no incorporó cambios. El lunes anterior intervinieron representantes de la Contraloría y del Ministerio de Finanzas, además de un constitucionalista quienes, en la práctica, reforzaron la postura de ADN respecto a la gestión de municipios y prefecturas.

Centeno inició la sesión reiterando que “es una ley que surge de una preocupación del Estado y es que los GAD destinan la mayor parte de sus recursos en sueldos y salarios”.

Al no existir cambios para el segundo debate, la legisladora recurrió a datos expuestos por la Contraloría, que constituyeron la principal novedad entre el primer y segundo informe. “Ha expuesto datos que son realmente alarmantes: 151 exámenes, entre el año 2024 y 2023 reflejan indicios de responsabilidad penal en municipios y prefecturas. So es más le 30% que realiza la Contraloría”, dijo Centeno.

Las sorpresas en la votación

Más allá de esas cifras, el proyecto enviado con carácter económico urgente por el Ejecutivo se mantuvo intacto. Lo que sí llamó la atención fue la votación en la mesa legislativa. De los 10 integrantes, nueve estuvieron presentes. El aliado de la bancada de ADN, Steven Ordóñez, no asistió a la sesión.

Cabe recordar que desde la primera ley urgente del actual periodo legislativo -la de Solidaridad Nacional- el oficialismo originó un quiebre en la correlación de fuerzas dentro de la Comisión de Desarrollo. El correísmo contaba con cuatro legisladores, pero Sergio Peña y David Arias se apartaron de la Revolución Ciudadana.

El informe para segundo debate se aprobó con seis votos. Llamó la atención la postura de Arias, asambleísta por Galápagos, quien se abstuvo. Antes de la votación, expresó su preocupación por una posible reducción de recursos para el turismo, así como para campañas y eventos festivos necesarios para la promoción de su provincia.

Correísmo habló de un informe de minoría

Por su parte, el correísmo insistió en que la ley vulnera la autonomía de los GAD y pone en riesgo servicios sociales. Esa posición coincidió con los pronunciamientos de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ambos correístas.

Diego Salas (RC) advirtió que, si los GAD no cumplen con la regla fiscal que destina el 70% de los recursos a inversión, mantenimiento e infraestructura, se activaría la “sanción más peligrosa”. “Si un GAD no llega a ese porcentaje, el propio articulado activa la sanción más peligrosa. La transferencia no excederá los límites del artículo 271 de la Constitución”.

Ese artículo de la Constitución establece que los GAD participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes del Estado central. En la práctica, la aplicación de esa sanción implicaría que las transferencias se reduzcan al mínimo constitucional.

RC anunció la presentación de un informe de minoría. Aunque, el reto está del lado de ADN que requerirá, una vez más, de los 77 votos mínimos para la aprobación de la incitativa del Gobierno. La suerte de la ley pasó así al Pleno. 

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