Se abre debate sobre reforma a la Ley de Extradición; ya hay división de posturas
La oposición alerta sobre uso político de la extradición; ADN la defiende como herramienta contra el crimen organizado
En la sesión No. 76, la Asamblea Nacional debatió una reforma integral a la Ley de Extradición, vigente desde hace 26 años. La jornada legislativa se desarrolló en la Universidad Ecotec, ubicada en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.
Durante el encuentro, los legisladores expusieron sus posturas sobre los cambios planteados en la normativa. El debate se centró en el alcance de la reforma y sus posibles efectos en la cooperación judicial internacional.
ADN defiende la reforma contra el crimen organizado
La asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) Rosa Torres, ponente del proyecto, defendió la iniciativa durante su intervención. Señaló que la reforma sería una herramienta técnico-jurídica para dotar al Gobierno de un instrumento legal contra el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que incluso están captando a jóvenes.
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Ante el pleno de la Asamblea, Torres enfatizó que la normativa no debe verse como un trámite más del sistema legal. “No es un papeleo más, es una lucha personal”, aseguró durante su intervención.
Por su parte, el legislador oficialista Kevin Gallardo cuestionó la efectividad del marco legal vigente. Según dijo, la actual Ley de Extradición apenas alcanza un 36 % de efectividad en su aplicación.
En la misma línea, su colega Marco Olmedo sostuvo que la normativa vigente ha quedado rezagada frente a las dinámicas del delito internacional. A su juicio, el instrumento legal actual se ha vuelto “caduco” ante el avance del crimen transnacional.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), César Palacio cuestionó el alcance del proyecto durante el debate. Advirtió que la iniciativa podría abrir espacios para un uso indebido del sistema judicial.
Palacio señaló que, a su juicio, el Gobierno busca establecer una “extradición a la carta”. Con esa expresión alertó sobre un posible uso discrecional del mecanismo de extradición.
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El legislador también recordó que, aun con la normativa vigente, el país ha concretado procesos de entrega de personas requeridas por la justicia internacional. Como ejemplo mencionó la extradición de José Adolfo Macías Villamar, líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, ejecutada el 20 de septiembre de 2025.
Palacio advirtió que, de no corregirse la iniciativa, la reforma se convertiría en un instrumento de persecución política. Afirmó que el proyecto va más allá de la lógica jurídica y podría ser usado con fines partidistas.
El legislador puntualizó que la extradición dependería completamente de la discrecionalidad del presidente de la República. “Será él quien decida ‘cuál Zeus, cuál rey de Roma, quiénes se extraditan y quiénes no’”, enfatizó durante su intervención.
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