Radiografía del terror que golpea a El Oro
Decapitaciones, cuerpos mutilados y amenazas públicas ya son parte de la cotidianidad de Machala y la provincia
La violencia criminal en la provincia de El Oro ha escalado a niveles inéditos. Solo en 2025 se registraron 828 muertes violentas y, en lo que va de 2026, ya se contabilizan 132 asesinatos.
De ese total, al menos 50 víctimas fueron decapitadas o descuartizadas, 21 de ellos solo en lo que va del 2026. Estas prácticas no formaban parte de la violencia tradicional en la provincia y ahora se repiten en distintos sectores de Machala y sus parroquias.
Los recientes hallazgos de cabezas humanas han obligado a familias a acudir al Centro Forense para reconocer restos, muchas veces sin que aparezcan los cuerpos.
Para el psicólogo clínico Juan Carlos Bustamante, estos hechos no afectan solo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. “La población vive bajo un estado de miedo constante que deteriora la calidad de vida y limita la convivencia”, explica.
Un oficial de la Policía Nacional, con experiencia en inteligencia, sostiene que estas prácticas llegaron a la provincia con la presencia de bandas vinculadas al Tren de Aragua.
“Antes se mataba con armas de fuego, pero no se cortaban cabezas. Eso vino después, a finales del 2024. Es una forma de meter terror”, aseguró el uniformado bajo reserva.
Según su versión, dejar cabezas en espacios públicos tiene un mensaje directo: advertir a bandas rivales y paralizar a la ciudadanía. “Cortar la cabeza es intimidación. Es decir: si sigues molestando, te va a pasar lo mismo”, explicó.
Un símbolo de poder criminal
El agente indicó que el grupo Los Lobos fue uno de los primeros en replicar estas prácticas en El Oro. Señaló que incluso en centros penitenciarios se observaron grafitis con lobos y cabezas, como símbolo de dominio territorial.
“Eso no se veía antes. Los descuartizamientos y cuerpos embalados aparecieron después”, dijo. Recordó que escenas similares ya se habían registrado en ciudades como Guayaquil y Quevedo, sobre todo tras las masacres carcelarias.
Desde un enfoque técnico, un experto del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, advierte que no se puede atribuir la violencia extrema solo a grupos extranjeros.
“La forma de matar depende del mensaje que se quiere enviar y del territorio en disputa”, explicó. Las decapitaciones buscan descabezar simbólicamente a la organización rival y demostrar control.
Territorio en disputa
El policía señala que en El Oro influyen factores estratégicos como el Puerto de Machala, usado para el tráfico de droga, y la expansión de la minería ilegal.
Estos negocios ilegales han intensificado la guerra entre organizaciones como Los Lobos y Sao Box. “El conflicto no es solo por personas, sino por mercados ilícitos”, explicó.
Esto ha provocado que la violencia tenga una carga más simbólica y mediática, buscando impacto psicológico.
Trauma colectivo
Para Bustamante, la violencia extrema genera trauma colectivo, ansiedad y miedo permanente.
“No es solo inseguridad. Es desconfianza en las instituciones y sensación de abandono”, afirmó. Explicó que cuando los crímenes se repiten, la población entra en un estado de alerta constante que afecta su salud mental. “La gente deja de vivir con tranquilidad. Se instala el pánico”, dijo.
Uno de los efectos más peligrosos es la adaptación social a la violencia. La población empieza a ver como normales hechos que antes causaban conmoción. Esto produce desensibilización emocional y reduce la capacidad de empatía y solidaridad. “Cuando la violencia se vuelve cotidiana, la sociedad deja de reaccionar”, advirtió el especialista.
Con la normalización surgen frases como “por algo habrá sido” o “la culpa es de la familia”. Según Bustamante, estas ideas trasladan la responsabilidad del crimen a la víctima. Esto genera un clima de impunidad y debilita la presión social para exigir justicia. Además, se agudizan otras violencias, como la basada en género, dejando a mujeres y menores más expuestos.
Jóvenes sin opciones
El psicólogo señala que muchas víctimas son adolescentes empobrecidos que abandonaron el sistema educativo. La falta de inversión en educación, salud y cultura deja a los jóvenes sin alternativas reales. “La carencia de políticas públicas empuja a la violencia como única salida”, afirmó. Esto refuerza el ciclo de pobreza y criminalidad.
El miedo altera las relaciones sociales y debilita la cohesión comunitaria. Las personas se aíslan y reducen su vida en espacios públicos. Se pierde la capacidad de organizarse y exigir respuestas. “La violencia no solo mata personas, también destruye redes de la sociedad”, indicó Bustamante.
El especialista sostiene que la solución no está solo en más cárceles ni penas más duras. “La criminalidad es un producto de un sistema que reproduce exclusión social”, señaló.
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