CLAUSURA DE MINAS
Las autoridades clausuran las minas ilegales que están contaminando el agua.Cortesía

Gobierno suspende 143 operaciones mineras en Napo, Loja y El Oro

Un operativo interinstitucional permitió suspender actividades mineras y decomisar 409 toneladas de material

Luego de la emisión de una resolución dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, el Gobierno Nacional ejecutó la suspensión de actividades mineras en 89 concesiones y 54 plantas de beneficio ubicadas en las provincias de Napo, Loja y El Oro. La medida forma parte de una acción interinstitucional liderada por el Ministerio del Ambiente y Energía, con apoyo técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas.

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La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, subrayó que esta intervención responde a una problemática de Estado y reafirma el compromiso del Gobierno con la protección ambiental y de las fuentes hídricas. En la primera semana de operativos, las autoridades decomisaron 409 toneladas de material mineralizado, lo que representa un golpe directo a las estructuras dedicadas a la minería ilegal y a economías criminales vinculadas a esta actividad.

Según el balance oficial, en la provincia de Loja se ha suspendido el 46 % de las concesiones mineras, con 46 de un total de 100. En Napo, el avance alcanza el 84 %, con 43 concesiones suspendidas de 51 existentes. Mientras que en El Oro se paralizaron 54 plantas de beneficio, lo que equivale al 51 % del total.

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Los operativos en el sector minero continuarán

Las autoridades informaron que los operativos continuarán de forma progresiva hasta alcanzar el 100 % de cobertura en cada provincia. Además, los titulares de concesiones y plantas de beneficio deberán presentar obligatoriamente planes de acción y manejo ambiental, que serán evaluados por el Viceministerio de Ambiente y Marino Costero antes de autorizar la reanudación de actividades.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca frenar la minería ilícita, proteger a las comunidades amazónicas y del sur del país, y priorizar la conservación de los ríos y del entorno natural.

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