Proyecto La Plata: licencia ambiental establece 12 condiciones obligatorias
El proyecto minero La Plata obtiene la licencia ambiental para explotar 2.222 hectáreas en Cotopaxi
Tras superar una batalla legal que mantuvo en vilo al proyecto durante 2024, la Compañía Minera La Plata S.A. obtuvo la licencia ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) para iniciar las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.
La decisión fue plasmada en una resolución publicada en el Registro Oficial el 20 de enero de 2026. El documento habilita las operaciones bajo el régimen de mediana minería en una superficie fraccionada de 2.222 hectáreas dentro de la concesión denominada La Plata. La extensión fue resultado de un proceso de división material aprobado previamente por la autoridad sectorial.
El proyecto es operado por la empresa canadiense Ático Mining. El Estado ecuatoriano lo considera de interés nacional porque involucra la extracción de minerales estratégicos como cobre, zinc y plomo, además de oro y plata en menor proporción.
Según Daniel Philco, ingeniero de minas y miembro del directorio del Colegio de Ingenieros, la operación será subterránea, no a cielo abierto, lo que reduce el impacto en la superficie. El experto explicó que el yacimiento original fue explotado en la década de 1980 y se agotó, pero exploraciones recientes permitieron descubrir un nuevo cuerpo mineral a mayor profundidad, con mayor tamaño y riqueza, lo que motivó la reactivación del proyecto. Su viabilidad requirió el cumplimiento de estrictos requisitos financieros y técnicos.
El Plan de Manejo Ambiental
Para garantizar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la empresa presentó una garantía bancaria original por un valor de $283.476, con vigencia inicial hasta octubre de 2026. Este respaldo económico asegura que la operadora cuente con los fondos necesarios para mitigar los impactos derivados de su actividad extractiva en el ecosistema local.
En materia de tasas y servicios, la compañía acreditó diversos pagos efectuados en octubre de 2025. El desembolso principal fue de $150.516,31, correspondiente al uno por mil sobre el costo total del proyecto y la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos por la remoción de cobertura vegetal.
A esto se sumaron $480 por seguimiento y control ambiental, calculado sobre la base de inspecciones técnicas diarias, y $180 por el registro de generador de desechos peligrosos o especiales. Adicionalmente, se fijó una obligación de depósito por $25.778,31 en una cuenta de BanEcuador a nombre de la autoridad ambiental.
El camino hacia la obtención de esta licencia enfrentó una fuerte resistencia social y jurídica que se extendió durante gran parte de 2024. Una acción de protección con medidas cautelares, interpuesta por la Alcaldía de Sigchos, forzó la suspensión provisional de la consulta ambiental bajo argumentos de vulneración de derechos constitucionales.
Sin embargo, tras meses de litigio, la Unidad Judicial Multicompetente de Sigchos rechazó la demanda en agosto de 2024 al no verificar las afectaciones alegadas. Esto permitió retomar la fase informativa y consultiva con la participación de los recintos Las Minas de La Plata y San Pablo de La Plata.
La oposición al proyecto La Plata
Philco señaló que la oposición al proyecto sigue el mismo patrón de otros emprendimientos mineros como Quimsacocha, Loma Larga y El Domo en Las Naves. Para el ingeniero, la empresa cumplió con toda la normativa vigente y el proyecto podría replicar lo ocurrido en Zamora Chinchipe, provincia que escaló del último al cuarto lugar en aporte al PIB nacional tras la llegada de las minas Mirador y Fruta del Norte.
En medio del incremento del precio del oro en el mercado internacional, Ecuador enfrenta complicaciones para emitir las autorizaciones que permiten realizar estas ventas de manera formal.
— Diario Expreso (@Expresoec) February 7, 2026
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Con la licencia en firme, la operadora minera asume 12 obligaciones principales para mantener la vigencia del permiso:
- Cumplir estrictamente con el estudio de impacto ambiental y el PMA aprobado en todas sus etapas.
- Implementar tecnologías y métodos que prevengan o atenúen los impactos negativos sobre el entorno.
- Ser plenamente responsable por las actividades y posibles daños causados por sus contratistas o subcontratistas.
- Ejecutar monitoreos internos y remitir los reportes técnicos de forma periódica al MAE.
- Mantener un seguimiento constante a las medidas preventivas y correctivas del PMA.
- Presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAC) al transcurrir el primer año desde la emisión de la licencia.
- Realizar análisis cualitativos y cuantitativos de los recursos naturales para contrastarlos con la línea base original.
- Otorgar todas las facilidades de acceso, transporte y alimentación al personal técnico estatal para las labores de control.
- Realizar los pagos anuales correspondientes por los servicios de seguimiento y calidad ambiental.
- Observar íntegramente la normativa ambiental nacional y local que rige la materia.
- Renovar de manera puntual la garantía de fiel cumplimiento durante toda la vida útil de la mina.
- Adoptar cualquier medida necesaria para remediar o restaurar impactos imprevistos sobre los derechos de la naturaleza.
La resolución del MAE advierte que cualquier incumplimiento de estas disposiciones facultará a la autoridad para suspender o revocar la licencia ambiental, dejando a salvo los derechos de terceros. La decisión marca un hito en la agenda minera del país.
