Las ideas ciudadanas suelen truncarse en el parlamento

De los 2.742 proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea Nacional desde mayo de 2009 hasta agosto de 2024, de acuerdo con información del portal digital legislativo, solo seis corresponden a iniciativas ciudadanas. ¿A qué se debe esta baja participación?

A criterio de Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, la página web de la Asamblea no está actualizada. “Si estamos hablando de un periodo de 15 años, creería que los proyectos de ley presentados por ciudadanía son mucho más numerosos, porque hablar de seis es muy poco, casi nada”, manifiesta.

Aunque para el asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, esto podría deberse a la complejidad de reunir firmas de apoyo para la presentación de una ley por iniciativa ciudadana, como lo determina la Constitución. Comenta que para eso se necesita de una estructura, dinero y de un espacio en la sociedad que le permita recoger las firmas. A esto le suma que un ciudadano común y corriente no tiene todas las herramientas para poder proponer una reforma específica, ni los conocimientos exactos sobre qué tipo de reforma podría presentar en la Asamblea.

Con él concuerda López. Expone que el procedimiento legislativo no solo depende de que se presente una iniciativa de ley, pues “si usted desea que su proyecto de ley prospere, entonces lo primero que tiene que ver es qué asambleístas son los que integran la comisión especializada a la que irá el proyecto”, dice.

Esto con el fin de que uno o más legisladores velen por el progreso del proyecto, y este no solo sea discutido en la comisión, sino que vaya al Pleno. “Necesita el apoyo político del asambleísta que vaya moviendo adentro lo que usted presentó por fuera”. Sin ese apoyo, el proyecto propuesto muere.

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¿Cómo ha sido el proceso para que una iniciativa legislativa ciudadana sea publicada?

Según información del Sistema de Proyectos de Ley de la Asamblea Nacional, de los seis proyectos de ley presentados por los ciudadanos, solo dos han sido publicados. Además, dos han sido archivados y el resto sigue en trámite, uno desde 2009 y otro desde 2010.

A pesar de que el sistema refleja poca participación, Pablo Proaño, abogado, especialista en Derecho Constitucional y coordinador de la Organización Dignidad y Derecho, afirma que varios ciudadanos y organizaciones sociales prefieren ponerse bajo el paraguas de un asambleísta que pueda presentar el proyecto de ley. De esta forma, la iniciativa avanza más rápido, pero no se puede registrar como tal y termina siendo parte de los números de cada legislador.

“Al momento de contabilizar no se diferencia cuántos vienen del despacho del asambleísta o si este ha sido el vehículo de un proyecto ciudadano”, indica.

No obstante, para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, este mecanismo de participación ciudadana es un mecanismo simbólico, ya que estos proyectos de ley ciudadanos (que “por mandato legal deben ser tramitados obligatoriamente y, si no lo son, entran en vigor”) se unifican con otros proyectos de ley similares, lo que produce una anulación de la iniciativa. Añade que el cuerpo legislativo aprobado en la Asamblea, que se ha nutrido de la iniciativa popular y de los asambleístas, corre también el riesgo de que el presidente lo vete totalmente.

¿Se podría mejorar o cambiar este procedimiento?

Ante esto, Celi considera que este mecanismo debe ser reformado, reglamentado y perfeccionado, para que este no sea alegórico ni utilizado por la burocracia, y así evitar que la voluntad popular sea falseada.

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Peñafiel expone que para que haya una participación ciudadana con mayores facilidades se requiere de una reforma constitucional. De ser así, sugiere que las propuestas de ley sean presentadas por cuerpos colegiados, las cámaras o gremios, de tal manera que no se requiera de un aval ciudadano, es decir de firmas de apoyo.

El asambleísta indica que si bien sería más fácil que los ciudadanos se contacten con uno o más asambleístas para poder consolidar las firmas de apoyo y presentar las propuestas de ley, esto dependería de una iniciativa legislativa que debería formar parte de una propuesta de comunicación que proponga la Presidencia de la Asamblea Nacional. “Esto sería lo más fácil, directo y la mejor manera”.

O que la Asamblea cree una secretaría jurídica que capacite, potencie, ayude y asista a los ciudadanos que quieran presentar sus proyectos de ley, para que no sea un trámite engorroso ni tengan que averiguarlo todo por ellos mismos, planta Proaño. “Esto puede generar que haya más iniciativas ciudadanas y estas avancen con menos trabas”.

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