Propuestas ciudadanas: ¿Qué cambios se necesitan para elegir mejores autoridades?

Ecuador atraviesa una grave crisis de representación política. La personalización de la política ha debilitado por completo a los partidos, convirtiéndolos en simples maquinarias electorales al servicio de candidatos con agendas propias, sin programas ideológicos ni estructuras institucionales sólidas. Esta dinámica ha favorecido el avance del populismo, el oportunismo político y la fragmentación legislativa, erosionando la capacidad del sistema para producir gobiernos estables y responsables.

Los partidos ya no median entre la sociedad y el Estado, ni canalizan demandas sociales, ni forman cuadros. Son vehículos electorales temporales. Además, la proliferación de movimientos sin base real ni presencia territorial -gracias a requisitos mínimos poco exigentes- ha inundado el escenario electoral con organizaciones fantasmas, generando un sistema de partidos altamente atomizado. En paralelo, el transfuguismo político o 'camisetazo', donde asambleístas se cambian de partido tras ser electos, debilita la lealtad institucional, traiciona el mandato popular y rompe la lógica de representación.

Los problemas que esto genera:

• Gobernabilidad frágil y ausencia de mayorías parlamentarias coherentes.
• Candidaturas sin programa, ni ideología, que giran en torno a la figura del candidato, no del partido.
•  Desprestigio de los partidos como espacios de deliberación y formación política.
• Elecciones decididas por minorías en cargos uninominales, sin legitimidad mayoritaria.
• Transfuguismo legislativo que anula la coherencia de bloques y pervierte la voluntad popular.
• Candidaturas oportunistas sin vínculo real con las organizaciones que las auspician

Los cambios que se proponen:

• Rediseño del sistema de partidos y movimientos.
• Afiliación única, empadronada y verificable.
• Requisitos de antigüedad en la afiliación para candidaturas.
• Umbrales de representatividad real.
• Fortalecer la democracia interna y profesionalizar la política.
• Combate al transfuguismo político.
• Financiamiento transparente y responsable.
• Incorporación de segunda vuelta en elecciones seccionales uninominales.

La vía idónea para implementar los cambios

Los cambios propuestos pueden implementarse mediante dos vías constitucionales distintas, que concluyen en un mismo destino: la consulta popular. Ambas son legítimas, viables y su aplicación dependerá de la naturaleza del cambio propuesto y de las condiciones políticas del momento:

•  Reforma parcial a la Constitución (Art. 442 de la Constitución): Esta vía requiere la aprobación de la reforma por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Una vez aprobada, debe someterse obligatoriamente a referéndum popular. Es adecuada para reformas que reconfiguran aspectos relevantes pero no alteran la estructura fundamental del Estado, como los cambios a los artículos 108 y 109, la incorporación de la segunda vuelta en elecciones seccionales o la regulación del transfuguismo político.
• Consulta popular presidencial (Art. 104 de la Constitución): El Presidente de la República puede presentar directamente las reformas a consulta popular, previa revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Esta vía permite sortear bloqueos legislativos y conectar directamente con el mandato ciudadano. Es idónea para reformas puntuales como los requisitos de afiliación, la depuración de movimientos locales o el fortalecimiento de la democracia interna en los partidos.

Ambas rutas pueden utilizarse de manera alternativa según la coyuntura política o incluso de forma complementaria, priorizando eficacia, legitimidad democrática y seguridad jurídica. Lo esencial es evitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya amplitud y falta de control representan un alto riesgo para la estabilidad institucional del país.

Una reflexión ineludible es si el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional estarían dispuestos a impulsar una reforma de esta magnitud, aun cuando ello podría afectar las estructuras políticas a las que pertenecen. Sin embargo, es precisamente esa renuncia parcial al privilegio partidista la que puede convertirse en un acto fundacional de recuperación de la legitimidad democrática. Esta reforma no se plantea contra nadie, sino a favor del país. El fortalecimiento de los partidos, la transparencia en la afiliación, el fin del transfuguismo y la construcción de carreras políticas estables contribuirían no solo a la gobernabilidad, sino también a reconstruir el vínculo roto entre ciudadanía e instituciones políticas. 

Propuesta del Dr. Arturo Moscoso.

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