Consulta popular: preguntas para tener más poder y arrinconar al correísmo

Si alguien llegó a pensar que la idea de la consulta popular era hacer una reforma política que mejore la arquitectura institucional del país, estaba equivocada de pe a pa. La verdadera intención, se sabe ahora que el Ejecutivo envió un nuevo paquete de preguntas para la calificación de la Corte Constitucional (CC), es aumentar el hiperpresidencialismo que el correato ya dejó inflado, además de sacar del juego al correísmo y eliminar al más importante adversario político de Daniel Noboa.

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Para todo esto hay cuatro preguntas en el paquete de siete que Noboa envió. De estas cuatro preguntas, hay tres que están diseñadas para aumentar el hiperpresidencialismo. 

Los verdaderos objetivos de las preguntas

La que pregunta a los electores si están de acuerdo con que la CC necesite de una mayoría calificada de 6 jueces, de los nueve que tiene (ahora son cinco votos los que se necesitan), para decretar la inconstitucionalidad de cualquier ley que haya sido de iniciativa del Ejecutivo.

La segunda, que si bien parece inofensiva y absurda, puede convertirse en un arma política para arrinconar a la CC. Y una tercera que plantea la eliminación de las facultades nominadoras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que sea la Asamblea (donde Noboa tiene una amplia mayoría) la que nombre, entre otros, a fiscal, contralor, procurador y jueces. 

Y para sacar de juego al correísmo, está la pregunta que plantea que un condenado no podrá hacer política ni su imagen podrá ser usada para promover políticamente a un movimiento político. Pero vamos por partes.

1. Una Corte con menos poder

La primera pregunta destinada a dificultar el trabajo de la CC y facilitarle las cosas al Ejecutivo es la que plantea que la CC solamente pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo. 

Aunque pareciera que un voto adicional es poca cosa, en realidad si llegan a ser necesarios seis votos para declarar la inconstitucionalidad de iniciativas legales de la Presidencia hay una altísima posibilidad de que ese organismo de control quede paralizado. 

Según un asesor de la CC, en especial el tema de los decretos de estado de excepción es el que más disputado va a estar, porque la experiencia dice que esas providencias son las más apretadas. 

En otras palabras, se abre la ventana para que el Ejecutivo tenga muchas más oportunidades para seguir adelante con un decreto de emergencia, porque con seis votos es mucho más probable que haya un entrampamiento en la Corte. 

Esta pregunta además plantea que el Ejecutivo sea elevado a una especie de súper legislador por encima de los asambleístas, lo cual no es constitucional.

2. Una ley que no necesita ser consultada

La otra pregunta que apunta a debilitar a la CC o a arrinconarla políticamente es la que plantea que se expida una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la CC. 

Esta pregunta es absurda: ¿para qué tiene que preguntar Noboa si el presidente de la República puede redactar un proyecto de ley para enviarlo a la Asamblea? La única explicación para esto es política: si gana el ‘sí’, el Ejecutivo podrá acusar a los jueces de la CC de desconocer el resultado de la voluntad popular si es que la nueva ley no pasa el control constitucional de ese organismo. 

No sería raro que Noboa tenga en mente enviar un texto que contenga iniciativas reñidas con la Constitución (como el juicio político a los jueces de la CC por sus sentencias o la forma de nombrar a los nuevos jueces) y que si no son aprobadas pueda decir que la CC está en contra de la voluntad del pueblo. Es, evidentemente, una pregunta para arrinconar políticamente a la CC.

3. Mayor poder nominador.

Hay una pregunta que podría asegurar al Ejecutivo la capacidad de hacer a su voluntad los nombramientos de las autoridades de control, quitándole esas atribuciones al CPCCS. 

La pregunta se presenta como una respuesta a la aberración constitucional que es la existencia del CPCCS, pero resulta que únicamente traslada las capacidades nominadoras del CPCCS a la Asamblea, donde tiene mayoría total. 

El próximo contralor, fiscal, procurador y jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre otros, que sean del agrado de Noboa, serían más fácilmente nombrados. ¿Por qué no seguir con las facultades nominadoras del CPCCS si ahí también tiene mayoría Noboa? Sencillo: todo se disfraza como una reforma para disminuir el poder que tiene la aberración constitucional del CPCCS, pero todo eso se traslada a una Asamblea dócil y colonizada.

4. Acabar con Correa 

Y si las tres preguntas anteriores apuntan a concentrar aún más poder para el Ejecutivo, la que plantea que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública es una vulgar dedicatoria para el correísmo. 

Se podrá coincidir en que Correa es una tragedia para el país, pero la Constitución garantiza el derecho y la garantía de libertad de expresión para los condenados. En el régimen se piensa que sin la figura de Correa, la Revolución Ciudadana tiene los días contados y por eso la pregunta. Adiós, así, con ese adversario.

Todo se resume a la necesidad de tener mayor poder para el Ejecutivo y facilitar la supremacía electoral del partido del Gobierno.

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