Asambleísta de ADN propone reforma al COIP sobre descrédito a funcionarios públicos
La iniciativa pretende agregar criterios de libertad de expresión a las contravenciones de cuarta clase
En medio de controversias por la falta de control político en la Asamblea Nacional sobre casos de interés nacional, la legisladora oficialista Camila León presentó un proyecto de ley relacionado con la libertad de expresión frente a críticas dirigidas a funcionarios públicos.
La asambleísta, perteneciente a Acción Democrática Nacional (ADN), propone una reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dicho articulado regula las sanciones aplicables a quienes incurran en una contravención de cuarta clase y actualmente establece una pena privativa de libertad de entre 15 y 30 días.
La intención de León es ampliar el texto del numeral uno de este artículo. Este numeral señala que la sanción se aplica a “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.
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Reforma al COIP y alcance de la propuesta
A este numeral vigente, la legisladora plantea añadir el siguiente texto: “La o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a las servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada”. La propuesta busca introducir criterios más amplios para el análisis judicial de este tipo de casos.
Para el juzgamiento de estos hechos, la Asamblea Nacional explica, en su portal digital, que los operadores de justicia deberán aplicar una prueba de proporcionalidad. Este análisis se basará en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a los estándares desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, especialmente cuando se trate de críticas a funcionarios públicos.
Sin embargo, la asambleísta oficialista manifestó que el COIP, en su redacción actual, “mantiene vacíos que podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o incluso se intimide a quienes denuncian actos de corrupción o a quienes se oponen al poder. La cuestión aquí es proteger al periodismo”. Según León, estos vacíos supuestamente representarían un riesgo para el ejercicio democrático y la labor informativa.
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Con esta reforma, León afirma que se protegería “el derecho de los ciudadanos a ser informados”. A su criterio, la normativa vigente “permite, como lo han hecho en anteriores gobiernos, que se persiga o se intimide, incluso a los medios de comunicación, por hacer uso de los de su libertad de expresión”.
Trámite legislativo del proyecto
Ahora, el proyecto deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo será el encargado de definir si la propuesta es admitida a trámite y a qué comisión legislativa será remitida para su tratamiento.
Por otro lado, León también presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Según explico, esta propuesta aborda cuatro aspectos fundamentales: la corrección en el procedimiento de citaciones por boletas en los lugares de trabajo; la creación de la acción de nulidad de autos; la eliminación de trabas en la ejecución de los embargos; y la corrección de los criterios para la valoración de la prueba.
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