Nuevo fiscal: si no hay problemas no habrá problemas, dice Andrés Fantoni

¿Cuándo podrá contar el Ecuador con un nuevo fiscal general del Estado? Dice el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, que si no existe “ninguna problemática” imprevista en el desarrollo del concurso; si los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, que todavía no ha sido nombrada, “no tienen ninguna parcialidad”; “si no hay ningún inconveniente con acciones de protección” que entorpezcan y demoren el proceso… En fin, que si se cumplen todos esos requisitos (y otros más que no menciona), entonces “no existiría ningún problema para que el proceso de méritos y oposición e impugnación ciudadana culmine en cuatro o cinco meses”.

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En otras palabras: si no se presenta ningún problema, no habrá problemas. Y lo dice confiadísimo, como si fuera cosa hecha: antes de fin de año, aseguró ayer (22 de mayo de 2025) en una entrevista con Teleamazonas, tendremos nuevo fiscal.

Candidez de antología la suya: el concurso durará cuatro meses, promete Fantoni, porque aprobamos un reglamento que dice que el concurso debe durar cuatro meses. Seis, a lo sumo, considerando el plazo máximo de prórroga. 

Cierto es que el nuevo reglamento de comisiones ciudadanas de selección no sólo determina rigurosos cronogramas para los concursos, sino que establece procesos de seguimiento que obligan a los comisionados a rendir cuentas al pleno del CPCCS tras cada etapa cumplida. Sin embargo, son tantos los detalles que escapan a la voluntad del Consejo que nada garantiza el cumplimiento de esos cronogramas. Más aún: a juzgar por los antecedentes, es casi seguro que no se cumplirán.

Así está el proceso para la designación del nuevo fiscal

En el concurso para designar al fiscal que reemplazará a Diana Salazar se han avanzado algunos pasos: existe ya, aunque no sea del gusto de todos, un reglamento aprobado por el pleno y para cuya elaboración bien pudo consultarse a los colegios de abogados y a las facultades de Derecho; esta semana quedó nombrado el equipo técnico, integrado por los delegados de cada consejero de Participación Ciudadana para asistir a la Comisión Ciudadana de Selección en todas las etapas del concurso; las veedurías están ya conformadas y sus integrantes se encuentran recibiendo las credenciales respectivas: son 540 ciudadanos que se registraron voluntariamente y eligieron un coordinador (Hugo Oswaldo Arteaga Vinueza) que será su puente con el pleno del CPCCS.

El próximo paso será nombrar a la Comisión Ciudadana de Selección, con cinco nombres enviados por cada una de las funciones del Estado (Ejecutivo, Judicial, Electoral, de Transparencia y el pleno de la Asamblea) más dos postulantes “de la ciudadanía”, como quiera que se entienda este eufemismo.

¿Nuevos aplazamientos de ternas?

Para ese nombramiento se dispone de un plazo de 30 días hábiles. Pero ¿quién garantiza que los remitentes cumplan con esta obligación a tiempo? El Ejecutivo, por ejemplo, lleva varios meses de retraso en enviar su propuesta para la integración del Consejo de la Judicatura, y por lo visto no parece tener ningún apuro. ¿Por qué habría de tenerlo en este caso?

Luego están los riesgos políticos. ¿Quién responde, por ejemplo, por los dos delegados “de la ciudadanía” que integrarán el Comité de Selección? Nadie puede garantizar que no obedezcan a intereses partidistas, como ya ha ocurrido tantas veces y lo demuestran los audios del exconsejero Augusto Verduga, hoy prófugo de la justicia. Podrían llegar agendas ocultas y planes para boicotear u obstaculizar el concurso, lo cual no sería nada nuevo. 

¿Qué decir de los 540 veedores voluntarios? En el mismo CPCCS se sabe que no todos ellos son ejemplo de probidad y antecedentes impecables. Y los veedores tienen muchas maneras de incidentar el proceso. 

Todos estos riesgos se pueden neutralizar hasta cierto punto gracias a la colaboración de instituciones como el INL, un organismo adscrito a la Embajada de Estados Unidos y enfocado en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, que firmó un acuerdo de cooperación con el CPCCS. Pero las amenazas son, en principio, difíciles de identificar.

El camino se pinta poblado de obstáculos. Nada justifica el optimismo del presidente Fantoni. Empezando por él mismo: ¿ya sabe por lo menos cuánto costará el concurso?, ¿tiene listo el presupuesto? Interrogado al respecto en Teleamazonas, dejó claro que no, no lo tiene. 

El Pleno del CPCCS no ha aprobado ninguna cifra. Y tener un presupuesto justificado parece esencial para solicitar las asignaciones correspondientes al Ministerio de Finanzas y empezar a moverse. Así las cosas, ¿cuándo podrá contar el Ecuador con un nuevo fiscal general del Estado? Solamente una cosa es segura: no será en cuatro o seis meses.

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