El alboroto y la fiesta entre correístas y socialcristianos en el salón del pleno de la Asamblea Nacional, en el momento en que se supo que Fausto Murillo había sido finalmente censurado y destituido del Consejo de la Judicatura, lo dijo todo.

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Se trataba de un viejo anhelo finalmente cumplido para ambos sectores y que merecía ser festejado a lo grande. Murillo había sido una piedra en el zapato para los planes de correístas y socialcristianos de manejar la administración de justicia, al menos desde 2021.

Los correístas, porque es en la justicia donde se juegan su futuro político. Porque están convencidos de que el único impedimento de volver al poder son las causas judiciales en contra de sus principales cuadros, en especial de Rafael Correa.

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Los socialcristianos, por su parte, porque tienen en determinadas cortes provinciales, sobre en todo en Guayas y Santa Elena, auténticos bastiones desde donde manejan el poder gracias a sus jueces de confianza.

Murillo, en efecto, ha estado en la mira de estos dos sectores que son, finalmente, los que luego de todo este tiempo impulsaron su censura con pasión. En realidad, el primer intento por sacarlo del camino fue en 2021.

En ese entonces correístas y socialcristianos, ya amangualados en este tema, tenían a Sofía Almeida, sobrina del guacharnaco Luis Almeida, como presidenta del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), organismo que determinó que Murillo no podía ser vocal de la Judicatura argumentando que había salido de la carrera judicial vendiendo su renuncia.

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Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, sin embargo, frustró las pretensiones de esos dos grupos y Murillo volvió. Él ya era un problema para el PSC y la Revolución Ciudadana. Cuando volvió, luego de ese proceso, Murillo logró que se coloque a María Josefa Coronel como directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, con lo que el socialcristianismo perdió espacio de maniobra e influencia en esa Corte.

Pero Murillo se convirtió, definitivamente, en el peor estorbo para el operativo correísta y socialcristiano para tomarse la administración de justicia cuando empezó a cuestionar y denunciar las irregularidades del más reciente concurso para la elección de los nuevos 10 jueces de la Corte Nacional del Justicia.

El proceso era fundamental en la agenda de correístas y socialcristianos, que habían logrado para eso colocar a la cabeza del Consejo de la Judicatura a uno de los funcionarios más excéntricos y mercuriales de los que se tenga memoria: Wilman Terán. Resulta que Terán y la mayoría socialcristiana y correísta que tenía en el CPCCS montaron un concurso desvergonzadamente irregular y opaco.

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De no haber sido por Murillo, ese proceso retorcido jamás hubiera sido denunciado. Incluso, las alarmantes observaciones de la veeduría internacional con juristas de alto nivel en la región no habrían tenido eco si no era por Murillo. Un proceso que nunca fue cuestionado por socialcristianos y correístas: los primeros callando y haciéndose los sordos con las denuncias; los segundos defendiéndolo abiertamente en redes sociales.

De no haber sido porque estalló el caso Metástasis a inicios de enero de 2024, en el que Wilman Terán salió embarrado, el concurso para jueces habría seguido adelante. Los socialcristianos, no hay cómo olvidarlo, únicamente se pronunciaron en contra del proceso y en contra del vocal Xavier Muñoz, que cayó preso y estaba procesado por obstrucción a la justicia y lavado cuando la situación ya era indefendible.

La relevancia del concurso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia no se limita a los 10 nuevos jueces que deben ser escogidos. Esos jueces deberán elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia (ahora hay uno por encargo) por un período de seis años. Ese nuevo presidente y los nuevos jueces deberán enviar una terna al CPCCS para que se elija, a su vez, al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

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Es, en efecto, el concurso de jueces el origen y el final de cualquier intento por tomarse la justicia. Murillo, en ese sentido, seguía siendo un estorbo y un obstáculo y por eso se lo censuró. Aunque no hubiese estado en la mayoría, su simple presencia era terriblemente peligrosa para que el plan funcione: él ha sido quien ha sacado las denuncias y ha estado atento a cualquier irregularidad.

En síntesis, sacar a Murillo del Consejo de la Judicatura, mucho más que un capricho o una pretensión sustentada en denuncias de corrupción, era un paso indispensable para volver a tener la posibilidad de manejar la administración de justicia.

Con él ahí, eso no era posible. Por eso no es de extrañarse ni del festejo en el pleno de la Asamblea, ni de la clarísima y contundente declaración de la presidenta encargada de ese organismo, la correísta Viviana Veloz. “Se recupera la justicia”, dijo con inobjetable sinceridad y verdad pensando desde su agenda.

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