Finalmente ocurrió: aupado desde Bélgica; ansiado por los capos del narcotráfico que lo pedían a gritos en los chats que hizo públicos el Caso Metástasis; intentado varias veces por correístas y socialcristianos, el juicio político contra el vocal y expresidente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, el único de su promoción que no tiene cuentas que rendir a la justicia, se produjo este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Junto a él, juzgaron también al exvocal Juan José Morillo, cuya participación en un evidente caso de tráfico de influencias recogido en un audio sirvió para embarrar al primero, con la esperanza de censurarlos juntos. Al frente de la acusación se situó el socialcristiano Carlos Vera. Al cierre de esta edición, él y Fausto Murillo habían concluido ya sus alegatos en una jornada que prometía horas de interminable debate y en el que la postura de los asambleístas de gobierno, la bancada de ADN, se mantenía en suspenso y sería determinante en la votación.

En el corazón del juicio político, una trampa retórica: como si la coincidencia fonética jugara un papel determinante, Morillo y Murillo fueron tratados como una sola persona por el asambleísta interpelante. Carlos Vera había heredado el caso de Luis Almeida, que lo planteó en la legislatura pasada, cuando él y su sobrina, Sofía Almeida, para entonces presidenta de Consejo de Participación Ciudadana, comandaban un operativo de toma por asalto de los organismos de control. Vera suplió la urgencia política de su antecesor con retórica confusa, se condujo como si Morillo y Murillo hubieran delinquido juntos y mocionó la censura para ambos: en una sola votación, se entiende. Escuchándolo, era imposible discernir dónde terminaban las responsabilidades de uno y empezaban las de otro. Si Morillo intervino en el escabroso audio en el que él y su compañera Maribel Barreno presionaban para obtener una sentencia favorable para la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, Vera trataba de implicar Murillo en el caso, acusándolo de no haber hecho la denuncia cuando presidió el Consejo de la Judicatura. Las demás acusaciones (un popurrí de causas deleznables) parecían lanzadas vagamente contra ambos y no terminaban de configurar una causa de incumplimiento de funciones contra Murillo.

Arrogación de funciones: Murillo fue nombrado presidente por el Pleno del Consejo y reconocido por la Corte Nacional y hasta por la Asamblea pero el socialcristianismo asegura que se alzó con el cargo ilegalmente. Homologación salarial de los servidores judiciales: no lo han cumplido, por falta de presupuesto, los presidentes del Consejo de la Judicatura desde 2003, pero Murillo es el único llevado a juicio por ello. Incumplimiento de la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo, destruido en el terremoto de 2016: lo mismo. Hasta por la falta de papel y tinta en los juzgados pretende Vera destituir a Murillo.

El problema con el socialcristiano es que no se le entiende las tres cuartas partes de lo que dice: “Se está juzgando y procediendo a imputar hechos de los cuales se han demostrado a errores producto de la situación del encargo que tiene como funcionario, así como también a la omisión o al hecho de hechos que alejados de la ley han sido atribuidos como responsabilidad para todo, para ellos, para su comportamiento”. Así habla todo el tiempo.

Murillo, que ya pasó por esta sala en 2022, se defendió con solvencia. Desmintió una a una las acusaciones y fue muy hábil para colocar el juicio en su perspectiva política. Recordó, por ejemplo, que su destitución era una consigna de los capos del narcotráfico (“En este juicio hay atrás la mafia del narco moviendo los hilos”, dijo) e hizo notar que sus acciones en el Consejo de la Judicatura impidieron la ampliación ilegítima de jueces hasta el 2030, que pretendía el hoy convicto Wilman Terán, así como el concurso que este llevaba a cabo para renovar la Corte Nacional. “Me quieren censurar -dijo- porque soy el objetor de la toma de la justicia”.

ADN: su voto definirá todo

La asambleísta Pierina Correa, hermana del expresidente prófugo, abrió el juego: en esta alianza parlamentaria entre correísmo, socialcristianismo y oficialismo, dijo, “nuestra bancada ha sido utilizada y maltratada”. Efectivamente, el correísmo ha apoyado las iniciativas económicas del gobierno y siente que no ha sido retribuido en su agenda por la impunidad. Este juicio político pone el pacto a prueba.