Medardo Oleas: “Hay el riesgo de autoridades financiadas por el narcotráfico”

Una carta de la sociedad civil, difundida a inicios de febrero de 2026, puso sobre el debate público la necesidad de que los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) salieran de sus cargos. Además de la falta de legitimidad por permanecer en funciones prorrogadas, los columnistas, académicos y expertos en materia electoral repasaron las falencias del CNE presidido por Diana Atamaint y alertaron sobre el uso del sistema electoral para el lavado de dinero y otras actividades criminales. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y uno de los firmantes de la carta, conversa con EXPRESO sobre la importancia de renovar el CNE y los riesgos de mantener al actual.

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¿Por qué la permanencia de los vocales del CNE pone en riesgo la democracia?

Se ha hecho costumbre en el Ecuador hacer tabla rasa de la Constitución. Nadie quiere respetarla y eso afecta a la institucionalidad del país. Lo vemos con el CNE, el TCE, la Judicatura, la Fiscalía, todas las autoridades. Desde hace más de dos años denuncié públicamente que ellos (los vocales del CNE) ya habían arreglado con el poder que se iban a quedar y que los concursos que lleva el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) son una farsa.

En la carta pública se menciona que la unidad antilavado no opera. ¿Se está lavando dinero a través de los partidos y campañas políticas?

Se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo que no hay control previo a los aportes que se realizan en campaña. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que la ley establece que, al terminar el proceso, las organizaciones tienen 90 días para presentar cuentas. Pero hacen una contabilidad de que, si el tope era 5 millones de dólares, lo presentan por 4 millones 900 mil dólares y ya está. Cuando esa organización política a lo mejor gastó 20 o 30 millones de dólares. El control tiene que ser previo, para contar con documentos que permitan contrastar la información que ellos remiten. Pero no quieren vigilar los gastos de precampaña y campaña. Las denuncias son públicas: las FARC donaron 400 mil dólares y no hicieron nada; en el caso Arroz Verde se cuantificó el volumen de aportes que se realizaron a la campaña del correísmo y no hicieron nada; se denuncia que el dinero viene desde España, a través de Podemos, y vía México al Ecuador y a todos los países que conforman el Foro de São Paulo, y no hacen nada.

Además de ser un posible delito, ¿qué otras consecuencias tiene este fenómeno?

Permiten que se gasten millones y millones de dólares, pero el problema de fondo es que ese dinero que se utiliza en la campaña no sirve para realizar una promoción electoral. Sirve para comprar el voto, para crear figuras e inducir el voto, lo cual es otra manera de fraude. Fraude no es solamente modificar los datos. Fraude es cuando se induce a las personas y se aprovechan de la gente más pobre. No controlan a las organizaciones, permiten el ingreso de toda clase de dinero y no cumplen con lo que manda la Constitución. Aquí puede suceder lo que está ocurriendo en México: que sectores de la costa del Pacífico sean financiados por el narcotráfico para tener control en municipios y prefecturas. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y, desde ahí, con el apoyo de autoridades locales, seguir metiendo droga. Y, si seguimos así, enviarán operadores a la Asamblea para pretender tomarse el Consejo de la Judicatura y la justicia. Vamos a llegar a un narcoestado si no se pone freno.

En el CPCCS permanece estancado el concurso para la primera renovación del CNE. Sin embargo, ¿qué garantías hay de que con otros vocales la situación sea diferente?

Ninguna, a menos que los ciudadanos actuemos controlando toda esta actividad del Consejo Nacional Electoral, porque en el país, si permitimos que quien es nombrado actúe con libertad -o libertinaje, sería la palabra-, los responsables somos nosotros. Por eso existen estos grupos ciudadanos que, cívicamente y sin respaldar a ninguna organización, estamos denunciando. El CPCCS, por su negligencia, debió haber sido sancionado por la Asamblea Nacional, que es su juez, porque está demostrado que no cumplieron sus funciones, pero no hacen nada porque son parte del grupo de poder que está contento con la actuación del CNE.

¿Cómo salir de este momento crítico?

Estoy preparando una demanda de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de elecciones para que, por lo menos, se cambie la forma como se hace la promoción electoral. En vez de entregar dinero para cuñas, que se contraten cadenas de radio y televisión y medios escritos para que publiquen un resumen de las propuestas y la gente entienda que la democracia es elegir al mejor, no al que más dinero invierte en farra, licor y regalos. También voy a demandar la inconstitucionalidad de que los procesos de democracia interna se hagan por delegación; eso es inconstitucional, porque les están quitando el derecho a los afiliados a votar.

¿Otra salida pueden ser cambios a la Ley Electoral?

Se necesitan cuatro reformas. Primero, establecer, como dice la Constitución, la obligación de que toda organización política -partido o movimiento- tenga el registro de afiliados y votantes y que, con base en ese registro, se vote de manera directa y secreta en la elección de dignatarios provinciales y nacionales. Segundo, exigir que la promoción electoral se haga conforme a lo que establece la Constitución. Tercero, obligar a que todo el fondo partidario permanente se invierta en capacitación, pero como los partidos no tienen la capacidad de designar profesores, que esa capacitación se realice a través de la academia. Cuarto, que el control electoral rija desde el primer día en que se convoca a campaña y que se analicen también los gastos previos. Para evitar que el fraude se cometa como lo están haciendo: doble contabilidad y gastos millonarios con dineros cuyos montos sí podemos cuantificar, aunque ya se requiere una investigación penal para determinar su origen.

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