Mario Godoy en la Asamblea: los tres puntos clave que deberá explicar este lunes

La comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, ante la Asamblea Nacional este lunes 5 de enero de 2026 se produce bajo un delicado escenario. Ya no se trata solo de retrasos administrativos o promesas incumplidas, como todos los concursos que durante su administración no se han concretado, sino de una denuncia que toca el corazón de la independencia judicial y plantea posibles conflictos de interés en un caso de alto perfil.

El detonante es la denuncia pública del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha señalado presuntas presiones para que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en un proceso que se encontraba en etapa de juicio. En este contexto, Godoy acude a la Asamblea para responder, al menos, sobre tres ejes clave.

1. Presuntas presiones desde la Judicatura provincial: ¿quién intervino y con qué atribuciones?

El primer punto que deberá aclarar Godoy tiene que ver con las acusaciones directas del juez Carlos Serrano, quien ha denunciado presiones provenientes del exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para influir en su decisión judicial. 

La gravedad del señalamiento radica en que el juez presentó audios de las llamadas y conversaciones con Gaibor, donde este deja claro que no habla a su nombre sino que alguienm más arriba de él, le pidió que entregue el mensaje al juez: que este le ponga atención a la defensa del Serbio.  Ante el pleno del legislativo, Godoy debe explicar si se trataría de una injerencia administrativa directa sobre un juez anticorrupción, una práctica expresamente prohibida por la Constitución y los estándares internacionales de independencia judicial.

Henry Gaibor era además amigo personal de Mario Godoy, al punto que asistió a su boda. 

2. La protección (o falta de ella) a jueces anticorrupción

El segundo eje está vinculado a la respuesta institucional del Consejo de la Judicatura frente a la denuncia del juez Serrano. Más allá de identificar responsables, la Asamblea espera saber si el CJ garantizó condiciones de protección, independencia y no represalia para el magistrado denunciante.

Durante los últimos años, jueces que conocen casos sensibles han advertido sobre presiones, sumarios disciplinarios usados como mecanismos de amedrentamiento y ausencia de respaldo institucional. En ese contexto, las fechas que expuso Serrano son la clave. 

• 6 de noviembre de 2025: un carro bomba es colocado fuera de las oficinas de los jueces anticorrupción, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

• 11 de noviembre: el juez Carlos Serrano mantiene una reunión con Henry Gaibor, en la que este le pide que “ponga atención” a la defensa del ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

• 20 de noviembre: los jueces Christian Fierro (ponente) y Carlos Serrano condenan a Jezdimir Srdan por lavado de activos a 10 años de prisión.

• 21 de noviembre: un parte policial de la Unidad de Inteligencia reporta amenazas de muerte que habrían recibido los jueces Fierro y Serrano durante el juicio. El informe señala que el extranjero se pasó el dedo por el cuello en señal intimidatoria. Ese mismo día, la Policía recomienda fortalecer la seguridad del juez Serrano.

• 2 de diciembre: se le retira la seguridad al juez Serrano.

• 2 de diciembre: el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, presenta una denuncia contra el juez Christian Fierro porque, en otra causa (caso Triple A), habría señalado la audiencia de juicio con un “retardo injustificado”. Llama la atención que el supuesto retraso sea advertido 81 días después de fijada la audiencia y después del fallo condenatorio contra Srdan.

• 3 de diciembre: el magistrado solicita que se le restituya la protección policial. Envía una comunicación a Henry Gaibor.

• 4 de diciembre: el Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, decide suspender al juez Christian Fierro por 90 días, sin remuneración.

• 4 de diciembre: Carlos Serrano presenta su renuncia al cargo.

• 17 de diciembre: Serrano sale del país y abandona definitivamente su función judicial para proteger su vida.

3. El vínculo profesional de Dolores Vintimilla y los posibles conflictos de interés

El tercer punto es, quizás, el más políticamente sensible. Está relacionado con el hecho de que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, actuó como abogada de Jezdimir Srdan durante la fase de investigación previa, según ha sido señalado públicamente.

Aunque la defensa legal es una actividad legítima, el contexto institucional obliga a una explicación. sobre los posibles conflictos de interés de esta pareja de abogados.

Antes de su llegada a la función pública, tanto Mario Godoy como su esposa María Dolores Vintimilla, junto con sus socios legales, consolidaron una trayectoria profesional marcada por la defensa de clientes de alto perfil involucrados en delitos de narcotráfico, crimen organizado y corrupción. En particular, Godoy fue parte de la defensa de los hermanos Larrea Cruz, vinculados al Cartel de Sinaloa y a procesos por tráfico de drogas, en un caso que derivó en detenciones en Estados Unidos y Belice. Por su parte, Vintimilla integró equipos jurídicos que asistieron legalmente a figuras como Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Vintimilla, a través de su bufete Invictus Law Group, constituido oficialmente en 2022 junto a Godoy, también ha ejercido la defensa de Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, cuyo proceso judicial permanece paralizado desde 2024. Godoy, además, actuó en el ámbito de la justicia electoral en la defensa del exjuez John Rodríguez, de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, para evitar su destitución por haber restituido de forma ilegal los derechos políticos a Jorge Glas. Asimismo, Vintimilla defendió al juez José Tamayo Arana, quien ordenó la liberación de Rasquiña.

La sesión de este lunes no será una comparecencia más. Para la Asamblea, se trata de un ejercicio de control político sobre la independencia judicial y sobre las posibles redes de corrupción para favorecer a narcotraficantes.

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