Los militares de Ecuador no quieren el escrutinio de la prensa

Nada más conveniente para el autoritario que en la conversación nacional no se ventilen sus atropellos y arbitrariedades. Y la mejor forma de alcanzar ese control, sobre todo en momentos de agitación social, es tener un periodismo dócil que no critique ni exponga las arbitrariedades del autoritario, que siempre termina practicando el evangelio de la corrupción.

Y aunque el autoritarismo es un fenómeno mundial empeñado en amordazar a la prensa y silenciar a la sociedad, en el Ecuador este fenómeno está particularmente afinándose. Lo que acaba de ocurrir con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) es un claro ejemplo. 

Precisamente cuando se asienta en el país un régimen con pretensiones autoritarias y que tiene a la fuerza militar como su sostén represivo, estas lanzan un documento que se llama “Lineamientos para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas”. 

Este documento es un manual con una serie de normas con las que se pretende castigar al periodismo que no critica y premiar al que alaba su trabajo. Básicamente, este documento establece que para tener acceso a fuentes militares o a actividades castrenses, el periodista o el medio tiene que tener credenciales de “buena conducta” con las FF. AA.

Las órdenes del general Henry Salgado contra la prensa

La disposición fue ordenada por el general Henry Santiago Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante un oficio fechado el 28 de enero de 2026. En el documento se establece que el acceso a los eventos, así como la acreditación de medios y periodistas, se regirá por los siguientes criterios: línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico respecto a las FF. AA., rigor informativo y conducta profesional, y su postura institucional frente al rol constitucional de la institución. En otras palabras, si el periodista garantiza ser un perfecto lambón de los militares, tendrá derecho a todos los cubrimientos castrenses.

Pero el tema es aún más siniestro: para definir estos parámetros, el Comando Conjunto dispuso la implementación de una matriz de evaluación de medios de comunicación para la “toma de decisiones”. Es decir, que la conducta que cada medio ha tenido con las FF. AA. será clave para dar acreditaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que un medio de comunicación o un periodista que ha sido crítico con el comportamiento de los militares durante el secuestro y posterior asesinato de los Niños de las Malvinas, en Guayaquil, no tendrá la posibilidad de conseguir información, ya sea en las FF. AA. o en el Ministerio de Defensa.

Escándalo por el radar

Lo que ocurrió con el periodista Paúl Romero, de Ecuavisa, es una demostración de esta aberración: fue excluido de coberturas oficiales del Ministerio de Defensa y de las FF. AA. luego de publicar una serie de reportajes de investigación sobre contratos millonarios relacionados con radares de vigilancia aérea. 

Romero ha cubierto la información relacionada con las actividades militares y, desde hace algún tiempo, ha tenido limitantes a su trabajo por haber hablado sobre temas que a los militares no les gustan. La situación empeoró tras la publicación de tres reportajes de investigación relacionados con la suspensión de un contrato millonario del Ministerio de Defensa para la adquisición de un radar tridimensional de largo alcance, que debía instalarse en los cerros Montecristi y San Isidro, en la provincia de Manabí.

Lo que se hizo con Romero encaja perfectamente en lo que se dice en el documento, aunque los voceros militares nieguen que se está restringiendo el derecho a obtener información pública.

Militares buscan evadir el escrutinio público

Lo siniestro de ese informe de las FF. AA., de nueve páginas, es que indica que la restricción de acceso se aplicará cuando los medios difundan información falsa o descontextualizada, mantengan una postura sistemáticamente contraria a la misión y valores institucionales, a la imagen pública y a la confianza ciudadana en las FF. AA. ¿Quiénes, si no los militares que deben estar sujetos al escrutinio público, van a hacer esa evaluación? Nadie, por supuesto.

Lo que pretenden las FF. AA. está completamente por fuera de toda norma constitucional y legal. El documento de marras no es sino un esperpento nacido en la mente de algún torpe aspirante a autoritario que incluso cree que un acto de autoritarismo tan elemental y grosero va a pasar desapercibido y no va a causar repudio social.

Pero es precisamente en las mentes de quienes afinan estos documentos donde se está cocinando un sistema de atropellos a la libertad de prensa nunca jamás visto desde los siniestros años del correísmo, cuando la persecución y el acoso a periodistas y críticos eran cosa de todos los días. 

Ahí está, por ejemplo, el evidente y aborrecible intento por callar la voz de la activista social Gabriela Panchana, utilizando a una influencer que hasta hace poco era una estrella del aparato mediático del correísmo, pero a la que se le ha billeteado para que trabaje para una oscura oficina del Ejecutivo desde donde se trata de controlar a la prensa y a la opinión pública.

Lo de Panchana no es un caso único y la lista de atropellos ya es interminable: se compran medios, se paga a periodistas corruptos, a líderes de opinión como economistas y abogados reconocidos para que apoyen al gobierno. 

Desde esa misma oscura oficina se presiona a los propietarios de medios para que entreguen las cabezas de periodistas críticos, so pena de inventárseles irregularidades, ya sean tributarias o legales. Y cuando no pueden hacer eso, se inventan documentos como este esperpento de las FF. AA.

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