Leyes urgentes de Noboa: Corte Constitucional ante desafío de ser contrapeso

Tres leyes urgentes plantean un dilema para la Corte Constitucional. Esta entidad, que en más de una ocasión ha actuado como árbitro en disputas políticas, tiene ahora en sus manos el futuro de normativas polémicas que ponen a prueba los límites de las atribuciones del Poder Ejecutivo en el marco constitucional.

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Ayer, dos demandas de inconstitucionalidad llegaron a la Corte. Ambas se dirigieron contra la más reciente ley económica urgente aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea y sancionada por el presidente Daniel Noboa: la llamada Ley de Integridad Pública.

La primera demanda fue presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE). El presidente del gremio, Andrés Quishpe, criticó la falta de unidad de materia en la normativa.

¿Por qué una demanda contra la Ley de Integridad Pública?

Con ello se refería a que varios temas incluidos en la ley no guardaban relación con su objeto. Por ejemplo, el juzgamiento de menores con penas más severas o la declaración de emergencia en el sistema judicial no tendrían conexión con la eficiencia en las compras públicas.

“Invitamos a la Corte Constitucional a que revise cuál fue el proyecto que salió desde Carondelet y cómo, dentro de la Asamblea, insertaron artículos que afectan a los trabajadores, mujeres y a la niñez”, señaló.

A la demanda de la UNE se sumó otra interpuesta por Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera. Uno de los argumentos que plantean es la regresividad de derechos. “Este principio exige que los derechos fundamentales avancen progresivamente y prohíbe cualquier medida que reduzca injustificadamente su contenido o ejercicio”.

Al igual que la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional también enfrenta demandas de inconstitucionalidad. El movimiento político Unidad Popular presentó una acción argumentando que la norma establece un “régimen autoritario”. Según su director nacional, Geovanny Atarihuana, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado se busca concentrar el poder en manos del presidente de la República.

Esta ley fue presentada como una iniciativa para facilitar donaciones del sector privado a las fuerzas del orden. Sin embargo, durante el trámite legislativo, el oficialismo incluyó un Régimen Jurídico Especial que se activa con la declaración del conflicto armado interno.

Este punto es clave, ya que la Corte Constitucional ha negado anteriormente la existencia de tal conflicto, al considerar que no se configuran sus características. Existen precedentes en los controles realizados por la Corte respecto a los estados de excepción del Ejecutivo.

¿Qué piensa el Gobierno y el oficialismo sobre un posible revés?

Tanto el Gobierno como la bancada oficialista en la Asamblea han minimizado la posibilidad de un revés judicial. Ayer, en su tradicional rueda de prensa de los lunes, la vocera gubernamental Carolina Jaramillo afirmó que los actores políticos pueden presentar las acciones que consideren pertinentes, y agregó que los resultados hasta el momento muestran que van por el “camino correcto”.

Dos expertos en Derecho Constitucional consideran que la Corte podría no declarar la inconstitucionalidad de las leyes en su totalidad, pero sí de algunos de sus artículos que no se ajustan a la unidad de materia.

El constitucionalista Gonzalo Muñoz manifestó que tanto la Ley de Solidaridad Nacional como la de Integridad Pública presentan problemas formales. Específicamente, indicó que no se respetó el principio de unidad de materia, según el cual una ley debe guardar coherencia entre su contenido y su propósito.

“En la de Integridad Pública, que el presidente envió para la eficiencia de las compras públicas, metieron horrores y barbaridades que nada tenían que ver con este tema”, explicó Muñoz.

Por su parte, el también constitucionalista Sebastián López Hidalgo analizó que aunque es probable que la Corte ejerza control sobre dichas leyes, el factor tiempo es determinante. Recordó que este tipo de procesos pueden tardar meses o incluso años en resolverse.

¿Existe una estrategia tras esas leyes polémicas?

Pero hay un antecedente que no debe ignorarse. Antes de la instalación de la nueva Asamblea, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, promovió la idea de una Asamblea Constituyente. Aunque la propuesta quedó en suspenso, el propio De La Gasca manifestó la intención de poner a prueba la resistencia de la Constitución frente a las reformas que el Gobierno busca.

López concluyó: “Hay mucho de querer poner contra la pared a la Corte Constitucional. El Ejecutivo no encontrará mejor excusa para acusar de bloqueo institucional a la Corte”.

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