La Corte Constitucional frena maniobras judiciales que perdonaban deudas tributarias
Empresas se beneficiaron de decisiones emitidas por jueces que vulneraron la seguridad jurídica
En un firme intento por proteger los recursos públicos y frenar la corrupción judicial, el Servicio de Rentas Internas (SRI) denunció en noviembre de 2024 una serie de actuaciones irregulares que habrían permitido a ciertas empresas evadir obligaciones tributarias millonarias con la complicidad de jueces y abogados. A través de acciones de protección improcedentes, se desvanecieron de forma ilegal deudas tributarias ya definidas por sentencias firmes, afectando gravemente a la Administración Tributaria y al Estado ecuatoriano. La reciente intervención de la Corte Constitucional, que anuló fallos cuestionables y ordenó la devolución de los montos indebidos, marca un precedente en la lucha por una justicia más transparente y por el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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Como resultado de ello, la Corte Constitucional dejó sin efecto dos sentencias emitidas por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que obligaban a la institución a pagar millones a dos empresas por supuestas vulneraciones de derechos. La Corte determinó que estas decisiones judiciales fueron emitidas con evidente abuso del derecho.
Uno de estos casos es el de la empresa Koval Management Kovmanag S.A. (“KOVMANAG”), en el que la Corte determinó que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica al aceptar una acción de protección con pretensiones claramente improcedentes (Sentencia No. 2012-22-EP/25). Por esta razón, la empresa y todos los partícipes deberán devolver al fisco USD 6’822.613,33, monto del que se beneficiaron indebidamente, indicó el SRI en un comunicado.
Otro caso, es el de la Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A., en el que la Corte concluyó que los jueces provinciales desconocieron una decisión judicial anterior que ya había resuelto el mismo conflicto, lo que constituyó una violación a la cosa juzgada. En este caso el monto que la empresa deberá devolver es USD 2’516.854,86. Además, declaró que los magistrados actuaron con dolo y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si existió alguna infracción penal (Sentencia No. 3374-22-EP/25).
El SRI exhorta a los jueces de Ecuador
La Administración Tributaria exhorta a los jueces del país a garantizar la correcta aplicación del derecho, que permita a los ciudadanos y a las instituciones acceder a una justicia honesta y transparente; también advierte que seguirá aplicando todas las medidas necesarias para proteger los recursos públicos que pertenecen a los ecuatorianos, frente a intentos injustificados de obtener reparaciones indebidas mediante el “negociado” de fallos judiciales.
Este pronunciamiento de la Corte Constitucional se alinea con los principios establecidos en la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública impulsada por el presidente Daniel Noboa Azin, que exige a los funcionarios del sistema de justicia actuar con imparcialidad, ética y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Esta normativa busca precisamente erradicar prácticas que desnaturalizan el uso del derecho y lesionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
La corrupción judicial no solo afecta a la Administración Tributaria, sino que atenta directamente contra el Estado de Derecho y el interés colectivo. Por ello, el SRI reitera su compromiso de colaborar con las instancias pertinentes para asegurar que se sancione a quienes abusen de las herramientas legales para favorecer intereses particulares.
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