Ley Solidaridad Nacional: ¿Qué pasará con el conflicto armado interno?
La piedra angular de la Ley de Solidaridad era la posibilidad de que el presidente reconozca existencia de conflicto armado
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional por parte de la Corte Constitucional, el eje central de dicha normativa quedó sin sustento. La ley facultaba al presidente de la República para reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Ahora, según expertos, el primer mandatario deberá recurrir nuevamente a los estados de excepción.
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El artículo 6 de la Ley de Solidaridad Nacional establecía: “El conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades y, para efectos de aplicación de la presente ley, requerirá del reconocimiento oficial por parte del Presidente de la República, a través de la emisión del respectivo decreto ejecutivo”.
El presidente Noboa emitió dicho decreto el 16 de julio de 2025, tras la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional y la publicación del reglamento que viabilizaba su aplicación. El documento contenía tres artículos, cuatro disposiciones generales, una cláusula de derogatoria y una disposición final. Con ello, se oficializaba la persistencia del conflicto armado interno.
Según el experto en Derecho Constitucional Gonzalo Muñoz, una vez que la ley fue declarada inconstitucional, la situación jurídica vuelve al estado previo a su vigencia. En ese contexto, el presidente únicamente podría decretar estados de excepción, los cuales estarían sujetos al control de la Corte Constitucional.
El también constitucionalista Emilio Suárez señaló que la Corte no reguló los efectos de su decisión. “Se entendería que, eventualmente, podría tener un efecto retroactivo”, indicó. Por ello, según Suárez, sería pertinente solicitar una aclaración puntual al organismo.
Para ilustrar el posible conflicto jurídico, Suárez recordó lo sucedido con la Ley de Integridad Pública, igualmente declarada inconstitucional. Con base en esa normativa, se unificaron la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. En el caso de esa entidad, por ejemplo, la Asamblea ya había posesionado a sus integrantes.
Con la mira en la Constituyente
Aunque las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública fueron aprobadas antes de que se concretara la intención del Gobierno de impulsar una Asamblea Constituyente, tras el fallo de la Corte, tanto el oficialismo en la Asamblea como el Ejecutivo han centrado su atención en esa propuesta.
La bancada de ADN, por ejemplo, emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión de los jueces. “Hoy más que nunca debemos decir sí a la Constituyente, sí a tener una base jurídica que vele por los intereses del Ecuador”, expresó el bloque legislativo.
Según Suárez, el Gobierno busca que en la Constituyente se planteen normas y principios que le otorguen mayor margen para dictar este tipo de leyes. “Pero hay que recordar que una Constitución no puede llegar a reglamentar ciertos ámbitos que son propios de una ley”, concluyó.
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