Ley minera de Noboa: Más minas con menos controles

Ni hubo tiempo suficiente para discutirlo en profundidad ni la Asamblea Nacional estuvo a la altura del desafío: la nueva ley económica urgente de Daniel Noboa (la séptima en lo que va de este período de gobierno), que plantea reformas a las leyes vigentes de Minería y Servicio Eléctrico, fue aprobada este 26 de febrero de 2026 por 77 votos (los de la bancada oficialista y sus aliados) tras un segundo debate anodino, insustancial, que apenas sirvió para dejar claro lo evidente: que casi nadie había leído el proyecto. Y que, más allá del reparto de asignaciones presupuestarias, a la mayoría de asambleístas les tiene sin cuidado tanto el contenido como sus consecuencias.

En las reformas a la Ley de Minería se esconden las sorpresas que traerán cola. Se puede anticipar que, en la medida en que la nueva ley empiece a aplicarse, producirá descontento y protestas sociales en relación con dos temas sensibles que son objeto de reforma: las licencias ambientales para las distintas fases de la ejecución de proyectos mineros y la consulta libre e informada a los pueblos indígenas afectados, vieja piedra de toque ante la cual el gobierno de Daniel Noboa se ha conducido con la delicadeza de un elefante en cristalería.

La trampa de la ley

La trampa consiste en unificar en un solo paso lo que antes eran (con sobradas razones técnicas) distintas fases del proceso de exploración minera. La anterior ley distinguía la etapa de exploración inicial (o preliminar), que básicamente consiste en identificar áreas con potencial minero y tiene un impacto ambiental bajo, de la etapa de exploración avanzada, en la que se establece con precisión el tamaño y calidad del depósito minero y consiste en la perforación intensiva de la zona (a veces hasta una profundidad de mil metros) con un alto impacto ambiental.

Para la primera fase la ley exigía una información básica de actividad y se solucionaba con el otorgamiento de una autorización ambiental de operación. Para la segundo, era indispensable la presentación de un estudio de impacto ambiental en toda regla que, una vez aprobado, conducía a la obtención de una licencia ambiental.

Ahora, después de estas reformas aprobadas sin mayor discusión por el Pleno de la Asamblea, ambas fases se confunden en una sola y requieren no aquello que era más difícil de conseguir, la licencia ambiental, sino lo más simple: la autorización. Es decir: se puede emprender el proceso de exploración avanzada, con su actividad intensiva de perforación, sin necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. 

El rol de Inés Manzano en la propuesta de ley

Para escamotear el debate sobre este punto en el expeditivo proceso de aprobación de la ley, la ministra de Energía, Inés Manzano, hizo lo que mejor sabe (lo que siempre hace): mentir con descaro. Esta vez, en la Comisión de Desarrollo Económico, presidido por la oficialista Valentino Centeno, donde se debatió el proyecto.

“La exploración inicial y la avanzada son exactamente lo mismo”, mintió Manzano con la desvergüenza que la caracteriza. Los asambleístas presentes no se preocuparon por comprobarlo. A la mayoría de ellos, representantes de la Amazonía y otras regiones mineras, lo único que les interesaba de esta ley era impedir que sus provincias fueran privadas de las regalías correspondientes. 

Así, el delicado asunto de la diferencia entre exploración inicial y exploración avanzada ni siquiera llegó a mencionarse en el Pleno durante el segundo debate del proyecto, este jueves, pero el tema de las regalías ocupó la máxima atención de todos e incluso fue objeto de una moción, votada aparte, en la que cada asambleísta provincial se preocupó por estampar su aporte para quedar como héroes en aquellos territorios de los que aspiran a convertirse en caciques, si no lo son ya.

Disuelta la diferencia entre fases de exploración, se disolvió también la obligación de contar con una consulta previa, libre e informada, quizás el más incómodo de los problemas que afectan a la industria minera. Sobre este asunto hubo los correspondientes saludos a la bandera de asambleístas de todas las tendencias, sin que ninguna iniciativa de cambio llegara a plantearse en el texto final de la reforma, que fue aprobada tal cual.

Por lo demás, la nueva ley, promueve la creación de clústers, es decir, concentraciones geográficas en las que los intereses empresariales y los recursos estatales actúan de manera mancomunada. 

Blindaje a mineras

En la nueva realidad minera nacional, el Estado ofrecerá a las mineras acceso preferencial a la red eléctrica, infraestructura vial y logística, facilidades para la adquisición de explosivos y colaboración activa de las Fuerzas Armadas en la vigilancia y protección de sus instalaciones. Con esto, las concesiones mineras funcionarán como auténticos territorios autonómicos en los que no se podrá ingresar sin autorización de las compañías a cargo.

Minimizaron la advertencia sobre Galápagos

Al margen se debatió, como si nada, el asunto de Galápagos: varios asambleístas provenientes de esa provincia se pronunciaron por incluir en la ley lo que la ley especial del archipiélago descartaba de plano: la posibilidad de operar minas para áridos y pétreos con el fin de obtener materia prima para la construcción. 

Así quedó consagrado, aunque la asambleísta del correísmo Ana Yela diera la voz de alarma sobre la verdadera intención de esta reforma: “el asambleísta que propuso esta ley tiene empresas que se dedican a la venta de materiales de construcción”, dijo. Ninguno de los 77 asambleístas que votaron a favor se preocupó por averiguar si es cierto. O no les importó.

A los pocos meses del fraudulento estudio de impacto ambiental que la minera canadiense DPM presentó para obtener (como en efecto obtuvo) el permiso de explotación de las minas de Kimsacocha, en el páramo del Cajas (provincia del Azuay), la nueva ley concede todas las ventajas posibles a las mineras y relaja todos los controles del Estado. 

El conflicto de intereses del presidente Daniel Noboa, cuyo grupo empresarial familiar tiene acciones en Adventus, con inversiones el proyecto minero Curipamba, en Las Naves, provincia de Bolívar, no mereció la menor mención en el debate. Tampoco la problemática de la operación de minas en el páramo mereció la atención de los asambleístas.

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