
Bancada ADN exige renuncia de asambleísta tras debate en el Pleno
El movimiento oficialista destituyó a Paco Cepeda, suplente de Camila León, alegando deslealtad por su voto en Ley de Minería
El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) expulsó de su bancada al asambleísta alterno Paco Mateo Cepeda Solis este 26 de febrero de 2026, tras su negativa a respaldar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía durante la sesión del Pleno en Samborondón.
Actuamos con coherencia y firmeza.
— Bancada ADN (@BancadaADN) February 26, 2026
En ADN la integridad no se negocia. #BancadaADN pic.twitter.com/I5wzV0wIsa
"Presiones" quedaron grabadas en video
La fractura interna coincide con la difusión de registros audiovisuales en plataformas digitales, donde se observa a varios legisladores oficialistas rodeando la curul del asambleísta Cepeda (alterno de Camila León) previo a la consignación de su voto. Videos difundidos en la red social X por la legisladora Eliana Correa exponen aparentes presiones para forzar el respaldo al marco regulatorio.
🔴 Momento exacto en el que presionaban a Paco Cepeda, asambleísta alterno de Camila León, para que vote a favor del proyecto de ley de minería y energía.
— Eliana Correa (@ElianaCorreaRC) February 26, 2026
Se evidencian presiones que buscan torcer la voluntad de representantes responsables ante sus electores, en beneficio de… pic.twitter.com/XJ77Nakzd8
La separación se ejecutó mediante un comunicado oficial emitido minutos después de que el cuerpo normativo recibiera 77 votos favorables en las instalaciones de la Universidad Ecotec. La organización política justificó la destitución inmediata argumentando una actuación incompatible con sus lineamientos institucionales y exigió la renuncia definitiva de Cepeda. El texto de la facción legislativa advierte taxativamente que el funcionario no volverá a principalizarse.
Un debate por el medio ambiente
El paquete legislativo avanzó pese al rechazo sostenido de agrupaciones civiles y organizaciones ecologistas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) determinó que la reforma constituye un retroceso en las garantías de fiscalización, alertando que la sustitución de la licencia ambiental por autorizaciones para actividades extractivas vulnera la participación de las comunidades.
Desde el bloque de Gobierno se defiende que la modificación normativa no elimina la regulación, sino que reorganiza los procesos administrativos para agilizar trámites y atraer inversión formal. La aprobación de los primeros 28 artículos altera la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar la generación distribuida y el autoabastecimiento, una medida planteada frente al déficit energético nacional.