La reforma al COIP de ADN intenta “silenciar” las críticas

Las sospechas rodean al proyecto de reforma que presentó la asambleísta oficialista de Acción Democracia Nacional (ADN), Camila León, para modificar el primer inciso del artículo 396, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el fin de añadir un texto que establezca la posible penalización de las críticas que se realicen contra funcionarios públicos.

Los gremios de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han cuestionado el verdadero objetivo de la propuesta, ya que se la plantea en momentos en los que los ministros están cuestionados por los contratos fallidos de generación termoeléctrica de Progen y ATM; o por las críticas a la Fiscalía y Contraloría ante los descubrimientos de empresas fachada para lavar dinero de cabecillas criminales, como alias ‘Marino’. Incluso, apareció a días de tramitarse el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien ha sido señalado por las presiones a jueces.

León defendió su proyecto. El 15 de enero, cuando entregó la propuesta, aseguró que la reforma busca “proteger al periodismo” de los “vacíos que podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o intimide a quienes denuncian la corrupción o a quienes se oponen al poder”. 

Rechazo y alertas por el proyecto oficialista

La Federación Nacional de Periodistas (Fenape) dice que es “falso el argumento” de que se busque su protección y señala que el texto vulnera los derechos constitucionales. Por ello, solicitó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechace el proyecto o que no lo califique “por infringir varios convenios internacionales”, como la Declaración Universal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Observatorio de las Libertades Ciudadanas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en cambio, emitió una alerta en donde señaló que el derecho a la libertad de expresión y opinión “está en riesgo”, ya que le otorgaría al juez el poder de decidir cuándo una opinión está protegida por la ley y en qué casos debe ser castigada. 

En ese sentido, se dejaría espacio para interpretaciones personales y hace que la norma no se aplique de forma clara. Como resultado, habrá “restricción a la libertad de expresión y generaría un efecto inhibidor en su ejercicio, al impedir que la ciudadanía pueda prever con claridad las consecuencias jurídicas de una crítica, especialmente cuando esta se dirige a funcionarios públicos”, precisó.

EXPRESO buscó a León para conocer detalles del proyecto, pero su asesor indicó que no había espacio disponible en su agenda y ofreció agendar la entrevista en esta semana. 

Reforma al COIP genera preocupación

La propuesta ha causado preocupación, por una aparente estrategia de silenciamiento. “Es una herramienta más, como lo fue la ley mordaza de Rafael Correa”, explica Francisco Rocha, exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). 

El también analista político observa que la reforma servirá “para penalizar la opinión y, sobre todo, para amedrentar a los medios y periodistas por las investigaciones que podrían ir desarrollando. Parecería que el régimen está abusando”, opina.

“Quieren activar una vía para que funcionarios públicos vayan a denunciar a todos los que les critiquen y eso no es democrático”, advierte María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

Con ese criterio coincide Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. “Es peligroso que una ley coarte la capacidad que tienen los ciudadanos de hacer el escrutinio público porque hará que la gestión pública sea inescrutable: sin capacidad de conocer lo que se hace ni ejercer el control social”, menciona.

¿ADN repite el plan del correísmo?

Aunque en la exposición de motivos la propuesta recuerda los casos de judicialización de periodistas durante la administración del expresidente prófugo de la justicia y hasta cita informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto Rocha como Miño coinciden en que el proyecto es una norma idéntica con la que se persiguió a Emilio Palacios y a diario El Universo.

La también constitucionalista considera “preocupante” no solo la propuesta, sino la arremetida constante del Gobierno. “Hay visos de actuaciones extrañas y sospechosas: la salida de periodistas de los medios, como la de Gisela Bayona de TC, la persecución societaria contra diario Expreso y Extra, todo esto parece sumar. Si los juntamos, estamos repitiendo un parámetro de silenciamiento a la prensa que ya lo vivimos hace años. Era una de las razones por las cuales se insistía en que no vuelva Correa”, manifiesta.

Rocha también mira un patrón sistemático. “Es la repetición del modelo correísta, a diferencia de que el presidente no es el que insulta los sábados. Ahora la información se da por partes o hay reacciones con las investigaciones de la prensa. El efecto es un autosilenciamiento; hay riesgo real de persecución. La libertad de expresión es la piedra en el zapato de gobernante”, acota.

Hidalgo enfatiza que, por principio, la gestión de los funcionarios públicos debe estar sujeta al escrutinio público. “Sus actos no pueden ser confidenciales porque manejan fondos públicos, que son de todos. A los ciudadanos les compete conocer y opinar si esos procesos no se están desarrollando adecuadamente”, concluye.

Esta es la reforma que incumpliría el estándar

León plantea añadir al art. 396 el texto: “El juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada”.

Según Miño, con esto se “quiere abrir una puerta para que jueces penales conozcan esos casos”, cuando el estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “dice que solo se deben habilitar las vías civiles”.

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