Federación de Periodistas pide que CAL rechace reforma para penalizar críticas

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) rechazó este viernes 23 de enero de 2026 la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que presentó la asambleísta oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León, con la cual busca penalizar las críticas a los funcionarios públicos.

El gremio, que también forma parte de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), emitió un comunicado en donde expresó "gran preocupación" por la propuesta entregada por la legisladora de Gobierno, al considerar que viola el derecho de las personas "a una comunicación libre", por lo cual la calificó como "inconstitucional".

Por esos motivos, la organización solicitó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por el oficialista Niels Olsen, "rechace o no califique" el proyecto de León "por infringir varios convenios internacionales sobre derechos humanos", como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué dice el artículo 396 del COIP?

La reacción de la Federación se registra ante la pretensión de León de modificar el artículo 396 del COIP, para incluir en el primer inciso referente a las contravenciones de cuarta clase, un texto que sancione penalmente a los ciudadanos que critiquen a los funcionarios públicos.

El artículo actual señala que: "Serán sancionadas con penas privativas de la libertad de 15 a 30 días, la persona que, "por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de

otra". 

Esta es la propuesta de León

Y la propuesta de León busca agregar a esa frase este texto: "La o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a las servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada”.

Según dijo la asambleísta de ADN, el pasado 15 de enero, cuando presentó el proyecto, que ese cambio permitiría "proteger al periodismo" al enfrentar los "vacíos que podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o incluso se intimide a quienes denuncian actos de corrupción o a quienes se oponen al poder".

Sin embargo, la Federación de Periodistas alertó que la propuesta "viola la Constitución del Ecuador, al desconocer los derechos de las personas a una comunicación libre, igualdad formal, a opinar, y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas".

La organización hizo un llamado a respetar la Constitución y recordó que la Carta Magna establece que "ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales".

La propuesta del oficialismo ha sido criticada, pues se presenta en momentos en los que funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa han sido criticados por los contratos fallidos de Progen y ATM, así como la falta de efectividad de las medidas contra la inseguridad en el país.

Además de la Federación de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y el Observatorio de las Libertades Ciudadanas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) han emitido pronunciamientos y alertado sobre el riesgo de vulneración de los derechos a la libertad de opinión y expresión que acarrearía el proyecto.

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