CAL dio de baja polémica reforma al COIP de Camila León: ¿Qué motivó la decisión?
La reforma impulsada por la asambleísta de ADN fue vista por gremios sociales como un riesgo para la libertad de expresión
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió este 28 de enero de 2026 dar de baja el proyecto de reforma al Código Integral Penal (COIP) sobre penalizar las críticas a los funcionarios públicos presentado por la asambleísta de ADN, Camila León. El secretario general de la Asamblea, Giovanny Bravo, informó que “la decisión de no admitir a trámite se tomó por unanimidad, siete votos y bajo argumentos políticos”.
Bravo explicó que “los motivos son de carácter político, los señores asambleístas han emitido sus pronunciamientos de carácter político en relación al tema”. Esta decisión se produce en medio de debates sobre reformas legales impulsadas por la legisladora que buscaban cambios integrales en la normativa de libertad de expresión.
Con esta baja, el proyecto queda fuera del trámite legislativo, dejando un escenario abierto para futuras iniciativas y generando expectativa sobre cómo se abordarán los derechos fundamentales y la influencia de criterios políticos en la Asamblea.
En medio de controversias por la falta de control político en la Asamblea sobre varios casos, la asambleísta de ADN Camila León presentó un proyecto de ley relacionado con la libertad de expresión frente a críticas dirigidas a funcionarios públicos.
— Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2026
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Proyecto abre el debate sobre libertad de expresión
El 20 de enero, la legisladora oficialista presentó la iniciativa en medio de controversias por la falta de control político en la Asamblea Nacional sobre casos de interés público. Su objetivo era regular con mayor claridad la libertad de expresión frente a cuestionamientos dirigidos a funcionarios, asegurando que las críticas en el marco de sus funciones oficiales estén protegidas.
La propuesta de Camila León se centraba en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que actualmente establece sanciones de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” y no penaliza las expresiones recíprocas en el mismo acto.
Ampliación de criterios judiciales y protección constitucional
León buscaba que los jueces puedan verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada. La iniciativa incluía una prueba de proporcionalidad basada en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, siguiendo criterios de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la asambleísta, este mecanismo pretendía garantizar un análisis más justo y equilibrado en casos que involucren críticas hacia servidores públicos, asegurando que la ley no se use para sancionar indebidamente el ejercicio democrático de la expresión.
Riesgos del COIP actual y defensa del periodismo
La asambleísta oficialista alertó sobre vacíos en la redacción actual del COIP que, según ella, “podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o incluso se intimide a quienes denuncian actos de corrupción o a quienes se oponen al poder. La cuestión aquí es proteger al periodismo”.
León enfatiza que estos vacíos legales representan un riesgo para el ejercicio democrático y la labor informativa, generando preocupación sobre cómo se podrían afectar los derechos fundamentales si no se ajusta la normativa.
Gremio de periodistas rechaza reforma que penaliza críticas a funcionarios
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) manifestó el viernes 23 de enero de 2026 su rechazo a la propuesta de reformas al COIP presentada por la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León. La organización, que forma parte de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), expresó su “gran preocupación” por la iniciativa.
Según Fenape, la propuesta “viola el derecho de las personas a una comunicación libre” y, por ello, la calificó como “inconstitucional”. La reforma pretendía modificar el artículo 396 del COIP, que actualmente establece sanciones de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.
El gremio solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Niels Olsen, que “rechace o no califique” el proyecto de León, argumentando que infringe varios convenios internacionales sobre derechos humanos. Entre estos se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La reacción de Fenape se produce ante la intención de la legisladora oficialista de incluir en el primer inciso del artículo 396 un texto que penalice a quienes critiquen a los funcionarios públicos. El gremio advierte que este cambio pondría en riesgo la libertad de expresión y la labor informativa en el país.
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