Organizaciones sociales de Azuay presentan acción de protección contra reforma minera
La acción es en contra del presidente de la Asamblea Nacional y del presidente Daniel Noboa
Organizaciones sociales de Azuay y Cañar presentaron una acción de protección con medidas cautelares en contra del proyecto de reforma a la Ley de Fortalecimiento Minero propuesta por el presidente Daniel Noboa. La medida fue presentada en la Corte Provincial de Justicia de Azuay este lunes, 23 de febrero de 2026.
Detalles de la acción legal
Yaku Pérez, representante legal de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), detalló que la acciones m de protección es en contra del presidente de la Asamblea Naciona, Niels Olsem y del presidente, Daniel Noboa ante lo que considera la vulneración del derecho a la consulta prelegislativa, reconocida en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución de la República, durante el tratamiento de la reforma propuesta.
Perez reseñó casos anteriores en los que se intentaron poner en marcha reformas y se cayeron por la falta de la consulta prelegislativa: Ley de aguas, reglamento a la ley de aguas y el instructivo para las juntas administrativas del agua. "Esta reforma vulneraría varios derechos constitucionales. Mientras la comunidad científica dice que estamos en emergencia ambienta, este Gobierno está caminando en contra vía", sostuvo.
El objetivo de la medida presentada es que la Asamblea Nacional suspenda el trámite legislativo y, antes de cualquier votación, se certifique la realización de la consulta prelegislativa.
Riesgos en la provincia de Azuay
Lauro Sigcha, presidente de la FOA, advirtió que la reforma representa una supuesta vulneración del artículo 57 numeral 20 de la Constitución, que establece que los territorios indígenas están libres de militarización.
Se detalló que la creación de “áreas estratégicas” para la actividad minera "podrían intensificar la presencia de fuerza pública en territorios ancestrales".
Pérez puntualizó, además, que con la posible reforma en Cuenca están en riesgo las más de 40.000 hectáreas consesionadas a diferentes proyectos extractivistas. "Si está ley entra en vigencia, ya no se necesitará licencias ambientales y entrarán a faenar la ciudad", señaló.
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