Ley de Minería y Energía: ADN logra aprobación de informe pese al rechazo de la RC
Correísmo denuncia eliminación de licencias ambientales; ADN defiende la ley como un golpe a la minería ilegal
En una sesión marcada por la polarización política y reclamos de falta de pluralidad, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó, la noche del jueves 12 de febrero de 2026, el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos. Con seis votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, el documento quedó listo para ser discutido en el Pleno, pese al rechazo frontal del bloque de la Revolución Ciudadana (RC).
La iniciativa, de carácter económico urgente, tiene como eje central la "sostenibilidad fiscal" a través de una regulación que el Gobierno califica de eficiente, pero que la oposición etiqueta como un riesgo ambiental y soberano.
El correísmo denuncia "atajos" en licencias ambientales
Durante la jornada, los legisladores de la RC, liderados por Diego Salas y Verónica Íñiguez, centraron sus críticas en lo que consideran un debilitamiento del control estatal. El punto más álgido del debate fue la supuesta sustitución de las licencias ambientales por "simples autorizaciones administrativas". Según Íñiguez, el proyecto pretende fusionar las fases de exploración inicial, avanzada y prefactibilidad en un solo proceso, lo que en la práctica anularía evaluaciones técnicas rigurosas y silenciaría la consulta ambiental en las comunidades.
A este malestar se sumó la queja por la exclusión de colectivos ambientalistas como Quito sin Minería o YASunidos, cuyas comparecencias no fueron permitidas en la mesa. Para el correísmo, esta falta de apertura vicia de inconstitucionalidad un proyecto que, además, plantea ampliar las concesiones eléctricas a privados por hasta 30 años sin aparentes blindajes tarifarios.
El oficialismo defiende el control y la seguridad jurídica
Desde la acera del oficialismo, los argumentos se enfocaron en la necesidad de modernizar la matriz energética y combatir la minería ilegal. El asambleísta Alejandro Lara (ADN) sostuvo que la ley no busca desproteger el entorno, sino simplificar procesos administrativos que hoy bloquean la inversión legal. Entre los cinco ejes destacados por el oficialismo figuran la reactivación minera, el fortalecimiento de la trazabilidad de minerales y la modernización del sector eléctrico para asegurar liquidez.
Lara enfatizó que la meta es transformar los recursos naturales en inversión social, eliminando cargas regulatorias innecesarias que solo han fomentado la informalidad en el sector.
Blindaje a las consultas populares y fin a las indemnizaciones
Un punto clave incorporado en el texto final fue resaltado por Adrián Castro (ADN): el respeto irrestricto a los resultados de consultas populares y referéndums. La norma establece que estas decisiones de democracia directa no podrán ser alteradas por reglamentos posteriores. No obstante, Castro aclaró un punto polémico que busca dar tranquilidad fiscal al Estado: si una consulta prohíbe la minería antes de que inicie la fase de explotación, las empresas no tendrán derecho a indemnización.
Bajo la premisa de que no existen derechos adquiridos sino "meras expectativas de derecho" antes de la explotación, el oficialismo busca cerrar la puerta a futuras demandas internacionales. Tras esta aprobación, la suerte del proyecto queda en manos del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien deberá convocar al Pleno para el primer round de debate nacional.
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