Enrique Herrería defiende proyectos económicos urgentes: ¿qué dijo?

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, explicó en Ecuavisa los alcances de dos proyectos de ley económica urgente presentados a la Asamblea el 28 de enero. Uno propone reformas al manejo presupuestario de municipios y prefecturas; el otro apunta al fortalecimiento de los sectores de energía y minería. Ambas iniciativas han generado resistencias políticas y alertas desde los territorios

Herrería negó que el objetivo sea recentralizar recursos o castigar a los GAD. Según dijo, la clave está en alinear el gasto local con el Plan Nacional de Desarrollo. “Es un eje transversal de la Constitución y es obligatorio para toda la institucionalidad pública”, afirmó. Para el Ejecutivo, sin esa articulación no hay desarrollo social posible.

El funcionario sostuvo que el problema no es la falta de dinero, sino su uso. Recordó que el COTAD ya fija un tope del 30% para gasto corriente. “Si se va más allá, no se puede brindar servicio a la ciudadanía”, advirtió. A su criterio, la nómina se ha impuesto sobre la obra pública.

GAD y presupuesto: el debate por el gasto corriente

Como ejemplo, Herrería mencionó carencias básicas aún no resueltas en muchos cantones. Falta de agua potable, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento fueron citadas. Incluso afirmó que las aguas residuales contaminan más que la minería ilegal. “Ese es el principal contaminante de los ríos del país”, sostuvo.

El diagnóstico oficial es directo: hay municipios que destinan hasta el 90% del presupuesto a salarios.

“No le brindan ningún servicio a la ciudadanía”, dijo el secretario jurídico. Aclaró que no todos los GAD están en esa situación, pero sí la mayoría. Por eso, el proyecto plantea priorizar inversión antes que burocracia.

Desde el estudio se le cuestionó al Gobierno por el gasto corriente estatal. Herrería respondió que el Ejecutivo también enfrenta ajustes pendientes. Reconoció subejecución en inversión, especialmente en salud y educación. “Mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio no es correcto”, admitió.

Inversión, ambiente y el rol del Estado central

La reforma fija que al menos el 70% del presupuesto local vaya a inversión. Sin embargo, programas educativos o sociales quedarían fuera de ese cálculo. Herrería defendió la decisión y planteó que la educación ambiental debe liderarla el Estado central. “Eso puede ser un programa del ministerio correspondiente”, señaló.

Sobre sanciones, explicó que no habrá castigos automáticos. Los desembolsos dependerán de estudios técnicos, financieros y económicos. Si los proyectos justifican impacto social, los recursos se transferirán de inmediato. “El soporte técnico es clave para liberar los fondos”, afirmó.

El segundo proyecto apunta a energía y minería, sectores estratégicos para el Ejecutivo. Herrería indicó que la ley cumple una sentencia de la Corte Constitucional. Se detallan ahora los casos excepcionales para contratar energía privada. La meta es dar seguridad jurídica a la inversión.

Minería, permisos ambientales y control militar

En minería, el foco está en combatir la ilegalidad y aumentar la recaudación. El proyecto no entrega el control del sector a las Fuerzas Armadas, aclaró. Su rol sería evitar actividades ilegales y proteger concesiones formales. “La minería ilegal no tributa y contamina”, insistió.

Uno de los puntos más sensibles es el cambio de licencias por permisos ambientales en exploración.

Herrería negó que eso implique menos controles. “Se conservan todas las garantías constitucionales”, aseguró. Lo que se elimina es la duplicación de trámites en una misma etapa.

Según el funcionario, la burocracia frenaba inversiones sin mejorar la protección ambiental. Ahora, los procesos serían más rápidos sin relajar la fiscalización. También se fortalece la patente de conservación de concesiones. El objetivo es acelerar explotación responsable y generar ingresos locales.

Los recursos mineros deberán destinarse a desarrollo social y mitigación ambiental. No podrán usarse para gasto corriente municipal. Ese uso específico será controlado por el Estado central. “El destino del dinero también es parte del control”, subrayó.

Decisiones técnicas, tensiones políticas y un lapsus legal

Consultado sobre el riesgo de decisiones políticas, Herrería defendió al equipo económico. Destacó el rol técnico del Ministerio de Economía en la evaluación de proyectos. Aseguró que los criterios serán financieros y no partidistas. Aunque reconoció el clima político tenso con grandes alcaldías.

Sobre las declaraciones de la ministra de Gobierno contra Quito, Guayaquil y Cuenca, bajó el tono. Dijo que fueron palabras que “fueron más allá de los conceptos”. Confió en que se tenderán puentes de diálogo. “Ecuador siempre vive crisis políticas, pero se pueden superar”, afirmó.

Finalmente, explicó el error en el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Se trató de un “lapsus calami” en el encabezado y una palabra mal usada. El documento ya está siendo corregido para volver a la Corte Constitucional. La decisión final quedará en manos del pleno del organismo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!