Gobierno presenta proyectos económicos urgentes: ¿qué cambia en energía y minería?

El Ejecutivo envió a la Asamblea dos iniciativas de urgencia económica amparadas en el estado de excepción. Así lo explicó Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, al detallar el alcance y la lógica de los textos. Las propuestas apuntan a ordenar gasto público y atraer capital privado en sectores clave. El reloj corre: desde hoy se activan los 30 días para el trámite legislativo.

El primer proyecto de ley aborda energía y minería, considerados sectores estratégicos. En energía, el Gobierno ajusta la ley tras una sentencia constitucional. “Somos respetuosos de la institucionalidad”, remarcó el secretario jurídico. La reforma busca reglas claras para atraer inversión privada.

Uno de los proyectos se enfoca en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La idea es alinear el gasto corriente con el Plan Nacional de Desarrollo. Según Enrique Herrería, la falta de inversión local presiona al Estado central. Esa presión se agrava por la estrechez fiscal que enfrenta el país.

“Queremos que haya una cohesión con el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó Herrería. Añadió que la carencia de obra social en los territorios termina trasladando demandas al nivel central. Por eso, la norma se inserta en el Plan para mejorar la respuesta a la gente. El texto será publicado y difundido oficialmente, señaló.

Reformas clave del proyecto urgente de minería y energía, según sus memorias

Según las memorias del primer proyecto de ley económica urgente de minería y energía, la reforma plantea cambios estructurales para superar restricciones regulatorias, fragmentación normativa y falta de seguridad jurídica que han frenado la inversión. En minería, se simplifican trámites, se reducen plazos y se eliminan cargas procedimentales desproporcionadas para destrabar proyectos paralizados y reactivar flujos fiscales sin crear nuevos tributos ni aumentar el gasto público.

Las memorias detallan que la reforma minera incorpora mecanismos de promoción de inversión como los clústeres mineros integrales, que permiten coordinar infraestructura y servicios habilitantes. Además, se establecen sistemas de registro, trazabilidad y priorización territorial de la renta minera para mejorar la eficiencia del gasto público, reducir riesgos fiscales y frenar la expansión de la minería ilegal y el uso indebido del régimen artesanal.

En el sector eléctrico, el proyecto habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al sector privado. Según las memorias, estas reformas buscan preservar la liquidez del Estado, evitar nueva deuda, diversificar la matriz energética, reducir la vulnerabilidad a choques climáticos y prevenir pérdidas económicas por racionamientos, sin incrementar impuestos ni presionar el Presupuesto General del Estado.

Energía: inversión privada para evitar crisis y proteger la economía

El proyecto de ley detalla que el Estado enfrenta una fuerte restricción fiscal. Bajo el esquema anterior, la inversión eléctrica concentraba riesgos públicos. Ahora se habilitan concesiones que integran financiamiento y operación. Esto permitiría ahorros cercanos a $100 millones por proyecto.

La urgencia se explica también por el impacto de los racionamientos. En 2023, el déficit eléctrico dejó pérdidas por $199 millones. En 2024, la cifra subió a $3.278 millones, según cifras oficiales. El Banco Central estima que la crisis restó 1,4 puntos al crecimiento.

La reforma incorpora esquemas de autogeneración y autoabastecimiento. También busca diversificar la matriz energética y reducir dependencia hídrica. Con ello se pretende evitar nuevos cortes y proteger la producción. Todo sin aumentar impuestos ni gasto público, según el Ejecutivo.

Minería: inversión, control y freno a la ilegalidad

En minería, el proyecto apunta a destrabar procesos administrativos. Las demoras han inmovilizado capital y postergado ingresos fiscales. En 2024, las regalías anticipadas alcanzaron cerca de $100 millones. La utilidad promedio para el Estado bordea los $90 millones anuales.

Sin reglas claras, la renta minera pierde eficiencia y genera conflictos. La reforma incorpora trazabilidad y priorización territorial. El objetivo es que los recursos se traduzcan en inversión social verificable. Así se busca mejorar el rendimiento del gasto público.

Otro eje clave es el combate a la minería ilegal. El régimen actual permitió el uso indebido de la minería artesanal. Estas actividades no pagan regalías ni patentes y erosionan la base fiscal. La reforma redefine el régimen y fortalece los controles.

Reforma al COOTAD fija regla fiscal para que los GAD prioricen inversión y servicios

Según las memorias del segundo proyecto de ley económica urgente que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la iniciativa establece una regla fiscal clara para corregir la rigidez del gasto en los gobiernos autónomos descentralizados. El documento señala que en 2024 la inversión en obras y servicios básicos “representó, en promedio, menos del 39 % del presupuesto total de los GAD”, lo que resulta insuficiente frente a las brechas persistentes en agua potable, saneamiento e infraestructura local.

La reforma plantea que los GAD destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas. De acuerdo con las memorias, se trata de “una regla fiscal con definiciones técnicas del Clasificador Presupuestario”, que no prohíbe gastos, pero sí fija límites generales para evitar el desplazamiento de recursos hacia rubros administrativos y discrecionales.

El documento advierte que la falta de inversión no elimina el gasto, sino que “lo encarece y traslada sus efectos negativos a generaciones futuras”, afectando la competitividad territorial, la productividad y la salud de poblaciones vulnerables. Por ello, la reforma incorpora un régimen de transición gradual, que inicia con un 60 % en 2027 y llega al 70 % desde 2029, además de un tratamiento diferenciado para juntas parroquiales rurales pequeñas, con el fin de asegurar la sostenibilidad fiscal sin recortes abruptos en servicios públicos.

Asamblea recibe proyectos urgentes y anuncia trámite dentro de los plazos legales

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, informó a través de su cuenta personal de X que el Legislativo ya recibió los dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. “Hemos recibido en la Asamblea Nacional los dos proyectos económicos urgentes presentados por el presidente Daniel Noboa”, escribió, al detallar que la primera iniciativa busca ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales.

En el mismo mensaje, Olsen explicó que el segundo proyecto apunta a fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, los cuales calificó como claves para atraer inversión y combatir actividades ilegales. “Ambos proyectos serán tratados con responsabilidad, diálogo y dentro de los plazos que establece la ley”, señaló el titular del Parlamento, al remarcar el compromiso de la Asamblea con un trámite legislativo oportuno.

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