Comisión oficialista tramitará los dos proyectos urgentes enviados por Noboa
El Consejo de Administración Legislativa calificó las iniciativas y ahora arranca el proceso para los primeros informes
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó los dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. La tarde de este 1 de febrero de 2026, esa instancia resolvió que ambas iniciativas sean tramitadas por la Comisión de Desarrollo Económico.
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La reunión fue convocada para las 16:00. Como segundo y tercer punto del orden del día constaba el conocimiento del informe de la Unidad Técnica Legislativa sobre el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Asimismo, el CAL tenía previsto recibir el informe del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
“La decisión del CAL se tomó con base en los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que establecen que las iniciativas legales cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, informó la Asamblea en un comunicado.
Cabe recordar que los seis proyectos económicos urgentes enviados anteriormente al Legislativo también fueron tramitados por la Comisión de Desarrollo Económico. Esa mesa es presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno. Además, ADN cuenta con mayoría en esa comisión para aprobar los informes que pasan a debate en el Pleno.
¿De qué tratan los proyectos del Gobierno?
El proyecto de ley económica urgente sobre minería y energía plantea cambios estructurales orientados a superar restricciones regulatorias, fragmentación normativa y falta de seguridad jurídica que, según el Ejecutivo, han frenado la inversión.
En el ámbito minero, por ejemplo, se proponen la simplificación de trámites, la reducción de plazos y la eliminación de cargas procedimentales consideradas desproporcionadas, con el objetivo de destrabar proyectos paralizados y reactivar flujos fiscales, sin crear nuevos tributos ni aumentar el gasto público.
En el sector eléctrico, la iniciativa habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando los riesgos al sector privado.
En cuanto al proyecto relacionado con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), la reforma plantea que estas entidades destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, con mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas.
Además, se establece “una regla fiscal con definiciones técnicas del Clasificador Presupuestario”, que no prohíbe gastos, pero sí fija límites generales para evitar el desplazamiento de recursos hacia rubros administrativos y discrecionales.
Las iniciativas del Gobierno llegan a la Asamblea en medio de tensiones internas en la bancada de ADN, relacionadas con el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Aunque la mayoría coordinada por el oficialismo se mantiene operativa, en el Pleno ya se han registrado resoluciones que no alcanzaron la votación mínima para su aprobación.
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