Corte Constitucional vuelve al epicentro del conflicto con el Gobierno

Las reacciones ante las últimas sentencias de la Corte Constitucional (CC) han sido tomadas por el Gobierno para volver a construir un discurso en contra del máximo Tribunal.

El enfrentamiento se reactivó pese a que, aparentemente, bajó de tono luego del resultado adverso obtenido en la consulta popular del 2025, en la cual la ciudadanía no apoyó la propuesta de Daniel Noboa para someter a juicio político a los nueve jueces de la CC.

Si bien el primer impasse de este año se registró el 10 de enero pasado, cuando el presidente tildó de “cálculo político” al fallo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en los últimos días los cuestionamientos escalaron por declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, quien ha expresado ante la prensa que la “Corte actuó fuera de sus competencias” al emitir la sentencia sobre el caso Las Malvinas.

El tema también se trasladó a las plataformas virtuales. Según la empresa de análisis digital Golden Social Suite, entre el 10 y 12 de marzo el 26 % de la conversación fue generado por bots, mientras que un 19 % adicional provino de “posibles bots”, cuyas cuentas automatizadas buscaban deslegitimar a la CC al vincular la sentencia con intereses políticos de la Revolución Ciudadana (RC), mediante el uso masivo del hashtag #CorteRC5.

Herrería habló de supuestas presiones de jueces constitucionales

Posteriormente, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, Herrería aseguró el domingo que recibió presiones. Contó que una funcionaria del organismo lo habría llamado, según afirmó, “a nombre de los jueces (...) Que si continúa haciendo críticas en los medios de comunicación, acuérdese (de) que está en proceso el segundo momento del dictamen” del acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Luego de esa declaración, el martes trascendió que se realizaría un supuesto allanamiento en el edificio de la Corte. Sin embargo, dicha operación no se efectuó.

La Asamblea analiza la sentencia sobre adolescentes y género

El oficialismo también se sumó a este escenario. La asambleísta Diana Jácome, de ADN, inició el lunes un proceso de fiscalización a los efectos que habría generado la sentencia de la CC que permite a los adolescentes rectificar el género en la cédula de identidad.

Estos hechos apuntarían a dañar la imagen institucional y a restarle credibilidad a la Corte, opinan varios especialistas.

El enfrentamiento busca dañar a la Corte, según expertos

“Es una lamentable e innecesaria pugna institucional que debilita la democracia en el país”, opina el analista político Henry Cucalón. “El Ejecutivo debe entender que el rol de la CC es de control constitucional que, por su naturaleza, es contramayoritaria. En Estados Unidos también la Corte Suprema ejerce un contrapeso jurídico al poder; acaba de negar al presidente Trump el tema de aranceles y ahora es sujeto de ataques como nunca antes”.

Para la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, la posición del Gobierno respondería “a un ataque coordinado diseñado para erosionar la credibilidad y la reputación de la Corte, con base en información falsa o descontextualizada”. Los embates de este tipo buscan “afectar la independencia de la CC y como retaliación a la sentencia de Las Malvinas y otros fallos incómodos”, argumenta.

José Chalco, experto en Derecho Constitucional, señala que “esta suerte de choques conducen a un caos institucional, jurídico y social que perjudica a la gente”. Además, recuerda que la Corte es el órgano guardián de la Constitución y “todos los ciudadanos deben acatar sus decisiones. No cabe esta serie de rechazos que conducen al debilitamiento institucional”.

El constitucionalista André Santos discrepa con esos criterios. El también catedrático manifiesta que los cuestionamientos a los fallos relacionados con el cambio de género de menores “crean un enfrentamiento con la sociedad ecuatoriana, al realizar de forma totalitaria estas transformaciones, reingenierías sociales y agendas ideológicas extranjeras que quieren imponerlas en la sociedad. 

La CC ha dicho que ni el pueblo expresado en urnas puede revocar sus decisiones y eso se debe al diseño constitucional de Montecristi. No puede admitirse que en una república exista un tribunal sin contrapesos porque la CC dicta política pública, toma decisiones que van a afectar a todos”, indica.

Continuación de la polémica de 2025

Cucalón considera que “esta arremetida es lamentable” y cree que el objetivo sería regresar a la polémica del 2025, cuando se planteaba interpelar a los jueces de la Corte. 

“Nuevamente se encuentran voces adláteres al Ejecutivo de que ‘para qué sirve la CC’, ‘hay que eliminarla’. Volvieron al tema del juicio político a los magistrados por una sentencia, cuando bien se sabe que no pueden, a la discrecionalidad política”, insiste.

Chalco, por su parte, cree que el conflicto respondería a “movimientos y conveniencias para lograr un apoyo ciudadano en año electoral. Por eso, desde lo jurídico, se observan cuestiones que no se logran entender”, concluye. 

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