Enrique Herrería denuncia presunta amenaza desde la Corte Constitucional

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, denunció públicamente que jueces de la Corte Constitucional habrían intentado presionarlo a través de una funcionaria, en el contexto del dictamen sobre el acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Según relató Herrería en el programa del periodista Carlos Vera, una funcionaria del organismo constitucional lo contactó “a nombre de los jueces” para transmitirle un mensaje: si no cesaba sus críticas hacia la Corte, habría consecuencias en el dictamen del acuerdo bilateral. De acuerdo con Carlos Vera, la persona que habría actuado como intermediaria fue Alejandra Ortega, directora de Comunicación de la entidad.

Herrería aseguró que esta advertencia no constituye un perjuicio personal, sino que afectaría directamente al país. “Si ellos quieren que yo deje de criticarlos, que me aseguren que van a cumplir la Constitución y la ley y van a dar el dictamen aprobatorio incluyendo el arbitraje internacional para los Emiratos”, afirmó. Añadió que, de no concretarse, “no me están haciendo un daño a mí, le están haciendo un daño al pueblo ecuatoriano”, al frenar la llegada de inversiones y la generación de empleo.

¿Qué es el acuerdo bilateral de inversiones?

El acuerdo de inversiones entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos es un tratado bilateral que busca establecer un marco jurídico para la promoción y protección recíproca de inversiones entre ambos países, con el objetivo de atraer capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energía, puertos y desarrollo logístico. 

Este tipo de instrumentos suele contemplar garantías para los inversionistas, como trato justo y equitativo, protección contra expropiaciones sin compensación y mecanismos de solución de controversias, incluido el arbitraje internacional. 

El acuerdo fue suscrito por el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de una estrategia para fortalecer relaciones comerciales con economías del Golfo y diversificar las fuentes de inversión. Tras su firma, el documento fue remitido a la Corte Constitucional del Ecuador, que debe emitir un dictamen previo de constitucionalidad antes de que pueda ser ratificado por la Asamblea Nacional del Ecuador y entrar en vigencia.

La disputa del gobierno con la Corte Constitucional

La relación entre el gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional del Ecuador ha estado marcada por tensiones en torno a decisiones clave del Ejecutivo, especialmente en materia de seguridad y reformas institucionales. El alto tribunal ha frenado o modificado iniciativas impulsadas por el Gobierno, como preguntas de consulta popular y normas vinculadas al conflicto armado interno. En sus fallos, la CC ha considerado que algunas disposiciones podrían contravenir la Constitución o afectar derechos fundamentales. 

Uno de los puntos más sensibles de esta disputa ha sido la revisión de leyes como la de Inteligencia y la denominada Ley de Solidaridad, promovidas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad y financiar sus políticas. En ambos casos, la Corte impuso límites o señaló posibles inconstitucionalidades, particularmente en aspectos relacionados con el espionaje a civiles y acceso a información privada, controles judiciales y principios tributarios. 

• Hasta el momento, la Corte Constitucional del Ecuador no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones. EXPRESO buscó una versión de la Corte, con el fin de contrastar la información, pero respondieron que no se darán declaraciones.

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