Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares
Según la Fiscalía, el juez Christian Quito y su pareja presentaron un documento fabricado para encubrir el origen del dinero
La Fiscalía General del Estado prepara su dictamen acusatorio contra el juez anticorrupción Christian Luvin Quito Carpio y su pareja, Kléber Bryan Balarezo Mercado, por el presunto delito de asociación ilícita con el objetivo de cometer fraude procesal y falsificación de documento público.
El origen de la investigación se deriva del caso Fachada. El 16 de enero de 2025, la Fiscalía dirigió varios allanamientos en las viviendas y oficinas de los jueces Christian Luvin Quito Carpio, Gabriela Cossette Lara Tello y Jairo Alejandro García Mosquera; y de los ciudadanos Grigson Alexander Cabeza Bazán, Fidel Homero Cervantes Galván y Oswaldo Patricio Trujillo Santillán.
La denuncia contra los magistrados era por presuntas irregularidades en el juicio contra Carlos Andrés y Kerly Dayaní Álvarez Cordero, hijos del narcotraficante Roberto Carlos Álvarez Vera, líder del grupo terrorista Los Comandos de la Frontera, quienes presuntamente buscaban obtener su libertad. Este caso sigue en investigación previa.
En el allanamiento a la vivienda de Quito, los agentes de Criminalística encontraron en un mueble del baño 10.000 dólares en efectivo, que fueron incautados como evidencia.
Caso Fachada deriva en un caso por supuesta asociación ilícita
Tras el hallazgo, el juez Quito Carpio sostuvo que el dinero no le pertenecía, sino que correspondía a su pareja, Kléber Balarezo. Este, a su vez, dijo que los 10.000 dólares eran el anticipo por una consultoría de ingeniería civil, relacionada con el diseño y construcción de una piscina en una vivienda ubicada en el barrio Jocay, en la ciudad de Manta.
Balarezo señaló que el contrato tenía un valor de 20.000 dólares, que había sido firmado el 30 de diciembre de 2024 con el ingeniero José Ricardo Solórzano Bazurto (socio para este trabajo de consultoría) y que el anticipo se habría entregado en efectivo el 2 de enero de 2025, sin emisión de factura por tratarse de un pago previo.
Balarezo solicitó en dos ocasiones la devolución del dinero incautado. A la Fiscalía le adjuntó copias certificadas del contrato y una constancia de pago del anticipo. Sin embargo, la agente fiscal Johanna Icaza usó estos documentos como pistas para seguir el hilo de la investigación.
La investigación fiscal desvirtúa esa versión
El 4 de febrero de 2025, la Policía allanó el domicilio de José Ricardo Solórzano, el ingeniero quien compartía la consultoría con el novio del juez. Este declaró ante la Fiscalía que el contrato fue firmado a pedido de una clienta llamada Edith Fernanda García, pero que su contenido era falso y que nunca entregó los 10.000 dólares a Balarezo. Además, afirmó que no lo conocía personalmente y que su primer contacto telefónico con él ocurrió después del allanamiento al domicilio del juez.
A esta versión se sumó el testimonio del propietario del inmueble donde supuestamente se construiría la piscina, quien aseguró que la vivienda no cuenta ni contó con piscina, ni con el espacio físico para su construcción. El dueño de la casa indicó que la obra civil concluyó meses antes de las fechas consignadas en el contrato presentado para justificar el dinero.
Para la Fiscalía, estos actos constituirían una asociación ilícita, con el objetivo de cometer varios delitos, entre ellos, falsificación y uso de documento falso privado, falso testimonio y fraude procesal. “Los hechos investigados indican que esta asociación estaría conformada para justificar el origen del dinero en efectivo encontrado en el inmueble donde residía el ciudadano Christian Quito, y que el mismo presuntamente estaría involucrado en procesos investigativos penales relacionados con actos de corrupción”, indicó la fiscal Johanna Icazaen en el dictamen abstentivo, del 15 de enero de 2026, a favor de Solórzano, quien colaboró con la investigación y demostró que fue engañado.
- EXPRESO solicitó por correo electrónico una entrevista o pronunciamiento del abogado Pablo Lizarzaburu Castillo, defensor del juez Christian Luvin Quito Carpio, pero hasta la publicación de esta noticia no respondió.
¿Qué pasón con el juez Quito Carpio?
Luego del allanamiento a su vivienda, el Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, lo mantuvo en el cargo de juez durante 147 días; desde el 16 de enero hasta el 12 de junio, cuando por fin Godoy puso en el orden del día un pedido de suspensión por 90 días sin sueldo.
El juez Carpio, al igual que Jairo García y Gabriela Lara, fue restituido en su cargo el 10 de septiembre de 2025. Desde entonces despacha con normalidad causas contra narcotraficantes, delincuencia organizada o por lavado de activos. Esto, debido a que el Consejo de la Judicatura no ha resuelto su sumario administrativo.
El juez Quito Carpio llegó a la Unidad Anticorrupción en 2022 tras ganar un concurso. Antes, había sido juez de la Unidad Judicial Penal de Manta. Allí ordenó el archivo del caso León de Troya, una investigación por narcotráfico contra la mafia albanesa, por pedido de la Fiscalía. (Plan V le hizo una entrevista sobre el caso)
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