Judicatura: el equipo de Godoy se mantiene con Damián Larco
La salida de Godoy no implicó un cambio estructural en el CJ. Su equipo continúa y persiste en el mismo modelo de gestión
La estructura de colaboradores que conformó Mario Godoy continúa operando dentro del Consejo de la Judicatura (CJ). En la cima de ese equipo aparece el director general, Jorge Maruri Vecilla, quien fue cercano a Godoy y actualmente responde a la administración de Damián Larco, designado tras la censura política del expresidente del organismo y la inhabilitación de la vocal suplente Alexandra Villacís por parte del Ministerio del Trabajo.
Director general de la Judicatura que allanó el camino para Larco
Maruri, de hecho, tuvo un papel clave en ese proceso. Preparó los informes que sirvieron para sustentar la inhabilitación de Villacís y abrir el camino para su reemplazo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Ya lo reveló EXPRESO: estos documentos fueron elaborados horas antes de que la vocal suplente fuera notificada por el Consejo de la Judicatura de que debía asumir el cargo por la ausencia de Godoy, como legalmente le correspondía.
A partir de esa maniobra, los vocales resolvieron designar a Larco, delegado del Ejecutivo y exdirector del SRI, al frente del órgano encargado de la administración y control del sistema de justicia del país.
A este círculo cercano de Godoy se suman otros funcionarios que aún permanecen en la institución: Marcelo Cárdenas Chum, secretario general; David Uquillas, subdirector de la Secretaría General; Dolores Avilés, coordinadora de Relaciones Internacionales; Javier Gómez Pianda, subdirector de Comunicación; y Janneth Vinueza, subdirectora de Talento Humano.
Funcionaria que solo cambia al despacho de Fabara
En el caso de Vinueza, fue desvinculada de su cargo el 18 de marzo, aunque su salida no implicará un alejamiento real de la institución. El vocal Fabián Fabara solicitó su incorporación como su asesora.
En X, el vocal Fabara defendió la contratación de la funcionaria. "Requerí su perfil exclusivamente por su memoria institucional y dominio técnico como responsable de la ejecución, supervisión, desarrollo y finalización del concurso para la selección de Jueces con competencia en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Los procesos para designar jueces constitucionales y de la Corte Nacional no admiten curvas de aprendizaje ni errores". El vocal no detalló si la funcionaria también estuvo en los concursos de Wilman Terán, que se echó abajo por los actos de corrupción documentados y que dieron paso al caso Pantalla.
La permanencia de este equipo también se refleja en áreas como Comunicación, donde, pese a la salida de Godoy, no se evidencian cambios sustanciales ni en la línea informativa ni en la imagen institucional. Esto, a pesar de los esfuerzos de Larco por presentar su administración como “un giro” y un proceso de “depuración institucional”, con un supuesto combate a la corrupción y una gestión más cercana a la ciudadanía.
Uno de las trabas es que la actual administración repite una fórmula aplicada por Godoy, quien a su vez siguió el camino trazado por su antecesor, Wilman Terán. Por ejemplo, en el manejo de las direcciones nacionales y provinciales, especialmente en los nombramientos, remociones y encargos.
El Código Orgánico de la Función Judicial establece que el pleno de la Judicatura es el órgano encargado de nombrar a los directores nacionales. Sin embargo, durante la administración de Terán esto cambió mediante una resolución interna que permitió al director general encargar esas direcciones de forma temporal. Lo que derivó en mantener autoridades provisionales.
En los últimos dos años, por ejemplo, han pasado más de ocho directores de Talento Humano temporales y ningún concurso público para nombrar jueces ha avanzado, precisamente porque esa área es la encargada de organizar estos procesos y no hay estabilidad.
Ahora, la Judicatura parece preparar el terreno para el despido de funcionarios con nombramientos permanentes. El 19 de marzo, el pleno aprobó reformas al reglamento que regula las compensaciones o indemnizaciones económicas por la desvinculación de servidores con este tipo de contrato.
La nueva normativa establece que los servidores que enfrenten sumarios disciplinarios por faltas gravísimas no recibirán compensación económica, incluso si cumplen con los demás requisitos legales y administrativos. Solo en caso de que el funcionario sea declarado inocente, su proceso sea archivado o no termine en destitución, podrá acceder al pago, pero en un plan de desvinculación posterior.
Avanza la elección de Presidencia
El CPCCS avanza veloz en la designación de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y el reemplazo de Villacís. Los dos nombres saldrán de la terna de Mercedes Caicedo, Oscar Chamorro y María Villacís, vocal suplente de Godoy, quien debía asumir la presidencia temporal del CJ y fue inhabilitada para ejercer el cargo público debido a un impedimento registrado en el Ministerio de Trabajo, que más de 38 días después este ministerio no ha querido solucionar. Por ello hay un habeas data.
- Consejo. La Judicatura gobierna, administra, vigila y ejerce disciplina a la Función Judicial. Por eso ha sido botín político.
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