Gremios: “La crisis en el país va más allá de los subsidios”

En medio de las movilizaciones, las demandas de inconstitucionalidad y las leyes aprobadas por el Legislativo, diversos gremios sociales y laborales del Ecuador han mostrado su rechazo no solo a la situación coyuntural por los subsidios y el aumento del IVA, sino también a otras problemáticas persistentes en los sectores de salud, educación, trabajo y seguridad social. Las organizaciones insisten en que estas medidas afectan directamente los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de los servicios básicos.

EXPRESO consultó al Ministerio de Gobierno para conocer cómo avanzan los diálogos con los gremios sociales y laborales y la atención a sus pedidos, así como las propuestas planteadas en materia social, económica y de empleo. Hasta el cierre de esta edición, la entidad no había brindado respuesta. Por esta razón, el Diario también conversó con los líderes gremiales para conocer su postura y análisis de la situación actual.

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), afirmó que sus demandas van más allá de la eliminación del subsidio al diésel. 

Según Bedoya, “no hay claridad en las políticas sociales, económicas y de seguridad del Gobierno” y criticó que muchas promesas de campaña del presidente Noboa “no se han venido cumpliendo”.

Críticas a los compromisos con el FMI

El dirigente señaló que la dependencia del Ecuador del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado recortes en inversión social, afectando educación y salud. “Se redujo el presupuesto social, se congelaron salarios y se despidió a más de 5.000 trabajadores del sector público”, indicó, advirtiendo que hasta 70.000 empleados podrían ser afectados si se mantiene esta política.

Bedoya insistió en la necesidad de diálogo con los actores sociales y lamentó que los espacios de negociación tripartita estén inoperantes. “El Gobierno no escucha ni siquiera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras persistan estas acciones, nosotros vamos a salir a movilizarnos”, afirmó, resaltando que las próximas protestas buscan defender derechos laborales y servicios básicos.

Virginia Pinela, vicepresidenta de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), denunció que “la seguridad, la generación de empleo, salud, educación, alto costo de la vida, pago al IESS y respeto a su autonomía son problemas que el Gobierno no ha querido resolver”. Ella argumentó que pese a la subida del IVA al 15 %, “las muertes aumentan” y se crean “leyes urgentes” que no cumplen con los objetivos de empleo, salud y educación.

Falta atender las necesidades de la ciudadanía

Sobre la inversión pública, Pinela lamentó que los hospitales están “sin medicina, sin equipos médicos y sin personal suficiente”, y que los centros educativos funcionan gracias a la autogestión de los padres.

Añadió que se ejecuta “menos del 15 % en inversión” y que se culpa a los trabajadores de irregularidades que son responsabilidad de los administradores designados por el Gobierno.

En cuanto al diálogo con el Ejecutivo, manifestó: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo. El Gobierno es de oídos sordos”. Destacó que las movilizaciones buscan resolver necesidades básicas de los ecuatorianos, incluyendo seguridad y trabajo digno. Y advirtió que “con el aumento al diésel, aumentará la carestía de la vida y eso nos afecta a los de a pie”.

Juan Cervantes, presidente del Frente Popular Guayas, denunció que “el Gobierno solamente está preocupado de sacar dinero del pueblo para pagar la deuda externa” y que esto se traduce en recortes a salud, educación, seguridad y atención al agro. 

Según Cervantes, “en salud apenas se ha ejecutado el 11,9 % en el noveno mes del año”, mientras se prioriza el pago de la deuda.

El dirigente exigió la declaratoria de emergencia en salud y educación para garantizar recursos para medicamentos, especialistas, infraestructura y alimentación. 

“Debe cumplirse con la asignación para salud, educación y universidades como lo determina la Constitución”, dijo, recordando que se necesita un 6 % del PIB para educación y un 4 % para salud para garantizar inversión pública y empleo digno.

Cervantes también demandó medidas económicas y legales contra la deuda y la evasión fiscal. “Moratoria inmediata del pago de la deuda externa, cobro del impuesto a la renta de más de $2.700 millones a empresarios y banqueros morosos, incluido el grupo Noboa, y condonación de deudas de hasta 10.000 dólares a pequeños y medianos productores”, es lo que solicitan.

• Manifestación. La marcha convocada por el Gobierno en Guayaquil duró apenas siete minutos y el discurso presidencial se extendió por solo dos minutos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!