Gobierno de Daniel Noboa: los silencios del 2025 que llegan al 2026

El 2025 en Ecuador no solo cerró como uno de los años más violentos, con más de 9.000 homicidios intencionales reportados por las entidades competentes, sino también como un período en el que el silencio se convirtió en una política del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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Aunque el año pasado concluyó con la reserva de información sobre la fallida contratación de la startup estadounidense HealthBird para implementar tecnología en el sector de la salud, los silencios del régimen de Noboa han resonado en muchos otros casos, en los que el Gobierno ha optado por no responder las interrogantes de la prensa y de la ciudadanía.

Esto, pese a que tras la derrota electoral del Gobierno de Noboa en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, sostuvo que escuchar y cumplir serían los nuevos objetivos del régimen de cara al resto del mandato, que culminará en 2029.

Los casos que se mantienen sin respuesta

Uno de los temas en los que el Gobierno de Daniel Noboa ha guardado silencio es el enriquecimiento de pocas manos privadas a través de las derivaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), revelado por Diario EXPRESO, mientras afiliados y jubilados continúan a la espera de una atención médica oportuna y de calidad.

El régimen de Noboa tampoco se ha pronunciado sobre la compra de la empresa Levascan, vinculada al portal digital La Posta, y del 80 % de la empresa Holdingvision, productora de contenidos de Radio Centro, por parte de Galamedios, empresa del legislador alterno de ADN Luis Alvarado Campi.

Otro asunto que quedó sin una postura oficial fue el financiamiento de las marchas y de las pancartas en contra de los jueces de la Corte Constitucional en Guayaquil y Quito, en el marco del análisis de las preguntas del referéndum y la consulta popular de 2025; así como el rol que habría tenido María Cristina Maggi Gordón, funcionaria de la Presidencia, en la organización de la movilización en Quito.

El régimen actual también ha guardado silencio en el caso contra Granasa, casa editora de EXPRESO y Extra, en el que el Servicio de Rentas Internas (SRI) investiga una presunta defraudación tributaria; mientras la Fiscalía General del Estado, un supuesto lavado de activos.

La directora del SRI, Alexandra Navarrete, no ha aceptado pedidos de entrevista para explicar por qué, en los informes de diferencias presuntivas, no se restan los valores que el contribuyente debía cancelar a Granasa por concepto de compra del producto, sino que estos se suman a la utilidad. Tampoco ha facilitado los documentos mencionados.

En esa misma línea, el régimen de Noboa, a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), tampoco ha respondido a un pedido de información de este Diario sobre la transferencia de cuatro millones de dólares desde el Banco del Pacífico a una cuenta de ahorros de DMREP LEGAL SERVICES S. A. S., en el Banco Internacional.

El Ejecutivo y la Asamblea, un pacto de silencio

A criterio de Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), a los silencios del Gobierno del presidente Noboa se suma también la pasividad de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional frente a casos relevantes para los ecuatorianos.

“Es evidente que este año el Gobierno, coludido con la mayoría oficialista de la Asamblea, ha tratado de ignorar, y si es posible sepultar, cualquier denuncia, por grave que sea y pese a los indicios existentes que sustentan las acusaciones realizadas, con el fin de ocultar su responsabilidad como Gobierno”, acota.

Esta actitud, continúa Ramírez, le está costando aceptación ciudadana al Ejecutivo, ya que empieza a generarse una percepción de “encubrimiento de la corrupción para dejarla en la impunidad”, lo que lacera la credibilidad del presidente Daniel Noboa de cara a los tres años de mandato que aún le restan.

A ello se suma la tardía y enredada respuesta del Gobierno frente a otros temas, como los casos Progen y Porsche Cayenne, el atentado en la Bahía de Guayaquil, la deuda tributaria de Bananera Noboa, el proyecto minero Loma Larga y, más recientemente, la polémica en torno al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El Gobierno necesita inaugurar la autocrítica

Para que exista un cambio en 2026, el jurista y exasambleísta Héctor Muñoz sostiene que es necesario que el Gobierno del presidente Noboa sea autocrítico, en especial después del mensaje que recibió de la ciudadanía con la victoria del No en el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

“Primero deben entender (los funcionarios gubernamentales) que es muy probable que esta luna de miel se haya acabado el 31 de diciembre. En enero, con el nuevo año, la gente va a empezar a pedir resultados y respuestas al presidente Noboa. Esa etapa de permisividad va a cambiar”, alerta el exlegislador.

Para Ramírez, esto también implica que el Gobierno cumpla con escuchar a la ciudadanía, tal como lo anunció en su momento la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, y no solo a su entorno y a los grupos de poder que rodean a la Presidencia de la República. “Esa actitud de menosprecio frente a la grave crisis que vive la gente tendrá un costo en la aceptación. Es un régimen que se descompone. Incluso, algunos empezarán a abandonar el barco”, prevé.

Con ese escenario claro, continúa Muñoz, también es importante que tanto el Gobierno como la clase política ecuatoriana hagan un mea culpa sobre la crisis que atraviesa el país. “Eso implica dar respuesta a los temas delicados que se han presentado. El silencio no ayuda absolutamente a nadie. Y es el Gobierno el que, a través de una buena comunicación política, debería transmitir esto a la gente”.

Para ello, el analista político Giuseppe Cabrera asevera que el Ejecutivo debe empezar por acciones sencillas: “Deben dejar de declarar los contratos reservados, tener actualizada la información en la página de transparencia que ahora maneja la Defensoría del Pueblo (que no está actualizada en todos los ministerios), y que los ministros y el presidente hablen de lo que tengan que hablar”.

Muñoz agrega que el oficialismo, a través de su bancada en la Asamblea Nacional, debe dar respuestas concretas a las exigencias de la ciudadanía y romper el silencio que proviene del Ejecutivo. “(Sobre) Esos temas que se quisieron tapar, es importante que también, desde el Legislativo, se dé una respuesta en el ámbito de la fiscalización. Es un tema que ha quedado en el aire y a la Asamblea le ha faltado eso”, argumenta.

Aunque tras la derrota electoral el Gobierno ya ensayó cambios en el gabinete ministerial, Muñoz hace hincapié en que esa revisión debe retomarse. “Es necesario también que vuelva a revisar cómo está conformado su equipo, sobre todo el ministerial; identificar dónde están los problemas estructurales y en qué áreas urge dar soluciones, como seguridad, energía y salud”.

Tras la derrota electoral, el jefe de Estado reconfiguró su gabinete: Zaida Rovira pasó al Ministerio de Desarrollo Humano; Harold Burbano, al de Trabajo; la vicepresidenta María José Pinto asumió el Ministerio de Salud; Juan Carlos Vega, el de Agricultura; Gilda Alcívar, el de Educación; y Carolina Lozano, la Secretaría de Gestión de Riesgos. A estos cambios se sumaron varias modificaciones en las gobernaciones y en el Consejo Directivo del IESS, con la salida de Edgar Lama.

La contraloría social como respuesta al silencio

Pese a los movimientos realizados por el Gobierno y a los ajustes que aún podría implementar, el coordinador en Guayas de la CNA, Ricardo Ramírez, señala que no se puede confiar en que si el régimen no da respuestas, sea la institucionalidad la que intervenga para esclarecer los temas que apuntan al Ejecutivo.

“No podemos esperar nada ni de la Fiscalía ni del Consejo de la Judicatura. Basta con ver el caso de Mario Godoy. Así que lo que queda es lo que nosotros llamamos la Contraloría Social, en la que están incluidos, obviamente, los sectores de la prensa que no se han vendido al Gobierno y las organizaciones sociales, como la Comisión Anticorrupción”, manifiesta.

En esa misma línea, Cabrera considera que la exigencia queda únicamente en manos de la sociedad civil organizada. “Hay que hacer una alianza, no sé si implícita o explícita, pero hay que construir una alianza entre medios de comunicación honestos, la sociedad civil y fundaciones para develar la información y quitarnos el velo de lo que el Gobierno intenta ocultar o callar”.

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