Fiscalización, la comisión clave de la Asamblea que genera más dudas que certezas
Dos juicios políticos impulsados por ADN y dos procesos de fiscalización sin resultados aún, marcan su agenda
La última vez que sesionó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue el 12 de septiembre de 2025. Ese día, la mesa, controlada por el oficialismo, aprobó el informe que recomendaba el enjuiciamiento político del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gonzalo Albán. Desde entonces, nada se ha tratado en una de las comisiones clave del Legislativo.
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Pero, las escasas sesiones son apenas una muestra del estado actual de esa mesa legislativa. Fue allí donde se abrió el camino para la censura y destitución de Albán, pese a las críticas por la falta de argumentos y, sobre todo, por el precedente que implica juzgar a un servidor público por incumplimiento de funciones derivado de hechos ocurridos antes de asumir el cargo.
Ese fue el segundo juicio político sustanciado por la comisión desde su instalación en mayo de 2025. El primero también fue impulsado por el oficialismo, esta vez en contra de la exvocal de la Judicatura, Solanda Goyes. Aunque ese proceso, una vez que llegó al Pleno, no obtuvo los votos necesarios.
Dos proceso de fiscalización en veremos
A estos dos juicios políticos se suman dos procesos de fiscalización que aún no tienen resolución. El primero sobre presuntas actuaciones irregulares de operadores de justicia en el marco del conflicto armado interno.
El segundo, y más polémico, se centró en una investigación sobre corrupción en las compras públicas del sector salud. Fue controvertido porque la mesa permitió la comparecencia del sentenciado por múltiples delitos -entre ellos, delincuencia organizada- Daniel Salcedo.
A partir de ese episodio, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, quedó en el centro de la polémica tras un cruce de acusaciones con el también procesado Xavier Jordán, a quien las autoridades ecuatorianas vinculan con el asesinado narcotraficante Leandro Norero.
En entrevista con Expreso, la legisladora Ana Cecilia Herrera afirmó que la documentación ofrecida por Salcedo no aportaba nada nuevo respecto a lo que ya era de conocimiento público y de la Fiscalía. Aunque Herrera aclaró que esa fiscalización aún no había sido cerrada.
¿Fiscalización a la carta?
En este contexto, la llamada fiscalización “a la carta” se ha convertido en uno de los principales cuestionamientos a la mesa. No solo porque los dos juicios políticos avalados por la comisión fueron promovidos desde el oficialismo, sino también porque la mesa ha estado ausente en temas como la crisis del sistema de salud y los contratos para la generación de energía entre el Estado y las empresas Progen y ATM.
La vicepresidenta de la Comisión, Nathaly Morillo (ADN) defendió el trabajo de la mea. “Ahora existe una fiscalización integral no a dedo ni a la carta. Está alejada del show”, añadió. Asimismo defendió el juicio político a Albán y dijo que el mismo quedó legitimado por los votos y porque hubo pruebas de cargo y descargo.
Por su parte, el también integrante de la mesa, Nanki Saant (RC), mencionó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de lo que vendrá en la Comisión. Dijo que, en casos como el de Albán, lo determinante fue el peso de los votos, tanto en su mesa como en el Pleno.
El exasambleísta Héctor Muñoz recuerda que el rol de esta mesa debería ser el de contrapeso frente al resto de funciones del Estado, entre ellas, el Ejecutivo. Aunque reconoce que la fiscalización no ha sido la mejor carta de presentación del Legislativo en periodos anteriores.
Pero, según Muñoz, ese escenario se complica porque en la Comisión de Fiscalización existe una mayoría absoluta del oficialismo y, además, está presidida por un integrante de ADN.
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