Estatuto deja a la ciudadanía al margen de la posible Asamblea Constituyente

La elaboración de una Constitución, que representa la declaración de principios de un país, implica un amplio pacto social que no involucra únicamente a los políticos. Pero al igual que ocurre con la propuesta sobre los posibles cambios a la actual carta magna, la participación ciudadana en el proceso también genera incertidumbre.

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En caso de que el ‘sí’ gane en la pregunta D de la consulta popular del próximo 16 de noviembre, el siguiente paso será la elección de asambleístas constituyentes. Serán 80 en total, seleccionados entre los candidatos que presenten las distintas organizaciones políticas.

Es decir, la experiencia y conocimiento que puedan aportar los elegidos dependerá de la voluntad de los movimientos que inscriban postulantes. En sus manos estará la redacción pero, sobre todo, la representación de los intereses ciudadanos.

Una convocatoria con pocas luces

Hasta ahora, los votantes tienen una muy corta idea general de lo que implicaría un eventual cambio constitucional. El Gobierno de Daniel Noboa califica a la actual carta magna como una “Constitución correísta y garantista para los delincuentes”. 

También se ha conocido que se busca un texto que no supere los 180 artículos y que existen propuestas como modificar las áreas de intervención del IESS. Noboa ha mencionado que la salud debería pasar al ministerio del ramo.

El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, señala que, a diferencia del proceso constituyente de 2007-2008, esta vez no hay claridad sobre el rol de la ciudadanía. “Se habla de cualquier cosa menos de la participación de la ciudadanía, al menos de lo que se refiere a espacios formales”, observa.

“Estamos ante una etapa de incertidumbre. El estatuto tampoco aporta detalles”, añade Alarcón. Y aunque no profundiza en el mecanismo de participación, ese estatuto sí ensaya algunos principios sobre el rol ciudadano en la Constituyente.

Por ejemplo, al igual que en la Asamblea Nacional, la Constituyente recibirá comisiones de sectores como la academia, gobiernos locales y la sociedad civil. Además, se habilitará una plataforma para la presentación de iniciativas ciudadanas.

No puede ser solo un pacto entre políticos

Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, también destaca la participación que promovió la Constitución de Montecristi. Recuerda que el porcentaje con el que se aprobó ese texto se debió a que “la gente se sintió parte de la construcción de la nueva Constitución”.

Sin embargo, también advierte de un riesgo. En caso de que el texto sea el resultado de un acuerdo político entre bandos, se desperdiciaría la oportunidad de aprobar mayoritariamente el texto. “Si se deja por detrás el aporte de la sociedad civil, va a costar el doble que la ciudadanía se apropie del proceso y vote masivamente en el referéndum aprobatorio”, señala.

Para la asignación de escaños, por primera vez desde las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la actual Asamblea Nacional, se usará el método D’Hondt. En la práctica, este sistema beneficia a los partidos o movimientos grandes. 

Sin embargo, para Alarcón, el debate debe ir más allá de las estructuras partidistas y establecer reglas claras para que la ciudadanía participe.

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