En dos años, ADN ha librado a los suyos de juicios políticos

¿Los juicios políticos solucionan algo? Esta es la pregunta que parece haber dejado en el aire la bancada oficialista de ADN en la Asamblea Nacional. Fue la respuesta que ensayó Mishel Mancheno, jefa de ese bloque legislativo, para justificar el bloqueo que impusieron sus compañeros en la Comisión de Fiscalización a la solicitud contra el exministro de Salud, Jimmy Martin.

Ese bloqueo no es nuevo. ADN no solo ha frenado solicitudes de juicios políticos, sino también procesos de fiscalización sobre temas sensibles del Gobierno de Daniel Noboa. Por ejemplo, la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, aún no presenta el informe de los casos Progen y ATM, relacionados con la suscripción de contratos entre el Estado y ambas empresas para la generación eléctrica.

Fue el correísmo el que impulsó la solicitud en contra de Martin. Los legisladores Franklin Samaniego y Luis Fernando Molina lo acusaron de incumplimiento de funciones. Entre las causales estuvieron el desabastecimiento de medicamentos y la deuda con las dializadoras.

Contra todo pronóstico, la solicitud sorteó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), algo que no ocurrió en casos como el de la entonces ministra de Energía, Inés Manzano. En esa oportunidad, el oficialismo en el CAL simplemente no puso los votos ni siquiera para dar por conocida la solicitud, también presentada por el correísmo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la justificación de ADN sobre lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización. El pasado 11 de diciembre, Mancheno manifestó: “El tema de salud se debe realizar mediante un cambio estructural. ¿Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente cuatro meses?”.

Sobre esto, el analista político Esteban Ron dice que, efectivamente, el juicio político no soluciona una crisis como tal. Sin embargo, este tipo de procedimientos son importantes porque permiten determinar la responsabilidad de un funcionario en actos que se deriven, por ejemplo, de una negligencia o falta de acción.

El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), va más allá y señala que, aunque un juicio no termine en una censura y destitución, permite que el país conozca la verdad de un hecho después de contraponer los argumentos de un interpelante y un interpelado.

“Esto es inexplicable, más aún cuando se escuchan esas explicaciones torpes de decir que la fiscalización no conduce a nada. Si no lo hace, deberíamos eliminar de la ley la capacidad fiscalizadora de la Asamblea”, señaló Serrano.

Pero el caso del exministro de Salud no es el único en los dos últimos años en los que ADN, como movimiento, ha tenido asambleístas y ha sido Gobierno. En el periodo legislativo anterior, después de un quiebre de la mayoría conformada por Revolución Ciudadana y ADN en la Comisión de Fiscalización, los procesos de juicio político también se estancaron.

Por ejemplo, el correísmo intentó interpelar a la canciller Gabriela Sommerfeld por la irrupción en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Pero al no haber los votos en la mesa para aprobar el informe, únicamente se presentó un documento en el que se establecían las posiciones de cada integrante de la comisión para conocimiento del Pleno, y el enjuiciamiento no prosperó. Lo mismo ocurrió con Mónica Palencia, exministra del Interior.

De igual manera, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no enfrentó la interpelación propuesta por legisladores de la Revolución Ciudadana. El pasado 9 de junio, en la mesa de Fiscalización no hubo los votos para continuar con el proceso.

En contraposición, ADN en las últimas semanas ha impulsado resoluciones contra gobiernos autónomos descentralizados y de apoyo a acciones del Gobierno Nacional. Incluso exigió que se debata la Ley de Repetición, a propósito de la decisión internacional en el caso Chevron. Esto pese a que Niels Olsen (ADN), presidente de la Asamblea, tiene la facultad de incluir este punto en el orden del día, tanto del CAL como del Pleno.

La semana pasada trascendió que Martin no ha salido del Ministerio de Salud y se mantiene como asesor. En la práctica, hasta ahora el oficialismo ha blindado a los suyos de cualquier fiscalización en la Asamblea.

Es inexplicable. Más cuando dan explicaciones torpes sobre que la fiscalización no conduce a nada. ALFREDO SERRANO, asambleísta del PSC

Caso Progen podría tener un final

El caso por el que más cuestionamientos ha recibido el Gobierno de Daniel Noboa tiene que ver con la suscripción de un contrato con la empresa Progen para la generación eléctrica, pues dicha generación hasta el momento no se ha concretado.

La presidenta de la Comisión Especializada de Transparencia, la oficialista Diana Jácome, dijo el jueves pasado que antes del receso legislativo, es decir antes del 22 de diciembre, se conocería el informe de la comisión.

Proceso. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización han sido claves para el bloqueo a los juicios políticos en la Asamblea.

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