El caso HealthBird llega a la Asamblea: ADN dice fiscalizar, pero partidos desconfían

En la Asamblea Nacional predomina la percepción de que el caso de la fallida contratación del Gobierno del presidente Daniel Noboa con la startup estadounidense HealthBird para el sector salud tendrá la misma suerte que el caso Progen.

Al igual que ocurrió con la cuestionada compra de generación eléctrica a las empresas Progen y ATM, la controversia con HealthBird se centra en la opacidad del proceso contractual -incluso declarado bajo reserva por 15 años- y en el silencio del oficialismo.

Las semejanzas no terminan ahí. En declaraciones para EXPRESO, asambleístas de distintas bancadas no descartan que la investigación sobre HealthBird ni siquiera inicie y que, si lo hace, termine siendo controlada por el oficialismo sin ofrecer resultados reales.

El correísmo y ADN pugnan por fiscalizar el caso HealthBird

De hecho, tras las revelaciones de este Diario sobre la falta de experiencia y el rastro difuso de HealthBird, el correísmo inició un proceso de fiscalización con pedidos de información a varias entidades, entre ellas CNT, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Sin embargo, al igual que ocurrió con otros casos -como Progen, ATM, la entrega de bonos en campaña y, recientemente, el trato a los presos en la Cárcel del Encuentro-, el oficialismo también intervino. El asambleísta de ADN, Adrián Castro, señaló que ha iniciado un proceso de fiscalización sobre HealthBird, solicitando información a la CNT, al Ministerio de Salud Pública, al IESS y al Servicio de Contratación Pública (Sercop).

En los oficios a los que EXPRESO tuvo acceso, el legislador Castro pide información diversa, empezando por la certificación de si existe o no un contrato vigente con HealthBird y, de ser afirmativa la respuesta, que se indique el número y tipo de contrato, la unidad contratante, el objeto, el monto comprometido y el monto pagado, la fecha de suscripción y la copia certificada del expediente documental correspondiente.

En el caso específico de la CNT, el asambleísta también solicita que se informe si la empresa estadounidense HealthBird figura como subcontratista, operador, desarrollador tecnológico o integrante de algún consorcio que trabaje directamente para la Corporación. Aunque los oficios fueron enviados entre el 3 y 4 de diciembre, el legislador oficialista indicó que aún no recibe respuesta de las entidades consultadas.

Los partidos desconfían de la intervención del oficialismo

Pese a la intención, desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay sostiene que estas acciones no necesariamente garantizan una verdadera fiscalización. “Durante todo este tiempo no se ha podido fiscalizar absolutamente nada porque hay una sobreprotección al Ejecutivo desde el oficialismo y sus aliados”, afirmó.

Sin embargo, aunque el proceso de fiscalización también nació desde el correísmo, Yumbay señala que apoyarán la iniciativa. “Al margen de quién lo inició, estamos dispuestos a respaldar los procesos de fiscalización, porque no podemos permitir que los recursos del pueblo ecuatoriano se despilfarren. No podemos ser cómplices de los perjuicios generados por estos contratos irregulares”.

El mismo pensamiento persiste en el Partido Social Cristiano (PSC), señala el asambleísta Alfredo Serrano. Aunque recuerda que la práctica recurrente del oficialismo ha sido arrebatar procesos de fiscalización para hacerlos “dormir el sueño de los justos”, afirma que, sin importar de dónde provenga la denuncia, su partido siempre apoyará la fiscalización de cualquier caso que pueda poner en riesgo a los ecuatorianos.

Por su parte, la asambleísta correísta Ana Herrera afirma que la intención de la bancada de la Revolución Ciudadana es liderar el proceso de fiscalización a la empresa HealthBird, al igual que lo han hecho en otros casos como Progen y ATM. Sin embargo, no descarta que, como ocurrió en procesos anteriores, el oficialismo intente tomar el control.

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