HealthBird en Ecuador: ¿por qué abogados exigen investigación penal y transparencia?

El 13 de noviembre del 2025, Edgar Lama, entonces presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, anunciaba: “Aprobamos el inicio de contratación para un sistema de control digital para la red de salud del IESS; será desarrollado por CNT, con el apoyo tecnológico de HealthBird, empresa asociada con Google”. Decía: “es el fin del desorden y mafias”. La idoneidad de la startup fue cuestionada en medios de comunicación y terminó retirándose. ¿Caso cerrado?

Tres abogados penalistas coinciden en señalar que la Fiscalía General del Estado debería estar investigando los hechos. Recuerdan que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene un apartado titulado ‘Delitos contra la eficiencia de la administración pública’, con el que se puede examinar la actuación de funcionarios públicos de todo nivel.

“La Fiscalía se debería involucrar en este caso, ya que tiene que ver con dinero público y podríamos hablar de un delito de peculado”, considera el penalista Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero de la Fiscalía General del Estado, para hablar sobre HealthBird, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Una vez que HealthBird, con un comunicado colgado en sus redes, informó que deja “sus operaciones” en Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) sostuvo que el acuerdo comercial con la startup de Estados Unidos (sin oficinas abiertas en su país) no tuvo impacto presupuestario. No se conoce si los 221.859 dólares que CNT dispuso pagarles se transfirieron o no. Según Primicias, ese acuerdo se declaró información reservada, por lo que no se podrá transparentar durante los próximos 15 años.

¿Qué debería hacer la Fiscalía sobre HealthBird?

Paúl Ocaña indicó que Fiscalía deberá investigar si hubo un pago y, más que nada, si en el proceso que se siguió hubo lesividad (si se causó daño o perjuicio).

El abogado Alberto Montenegro mencionó que “la Fiscalía tendría que abrir de oficio una investigación, ya que en procesos de contratación hay manejo de recursos públicos, alrededor de los cuales puede haber inconductas penales como cohecho, tráfico de influencias y ofrecimiento de tráfico de influencias, también sancionado”.

La falta de acceso a la información

Al existir opacidad y hermetismo con la prensa en el caso HealthBird, obligatoriamente se necesita investigar en torno a las sospechas que se han generado, explica el penalista. Así este caso se encuentre en manos de la Contraloría General del Estado, hasta que se determine una presunta responsabilidad penal pasará mucho tiempo, advierte. Por lo que “habría que evitar, por ejemplo, que los involucrados salgan del país”, alerta.

Un riesgo es la impunidad 

Lo importante, para el abogado Alberto Montenegro, es evitar la impunidad. Por eso cree que la Fiscalía “debe actuar con diligencia frente a la sospecha de afectación a los afiliados y jubilados del IESS, a la posible afectación al acceso al servicio de salud de los ecuatorianos. Tendrían que hacer escuchas, allanamientos, recabar testimonios, ya que se habló de 37 millones de dólares. De lo contrario, se seguirán produciendo estos casos. El dicho señala que en arca abierta, hasta el justo peca”. 

Lo que se hace desde la Asamblea en torno al caso HealthBird

La asambleísta correísta Viviana Veloz había anticipado a EXPRESO que, de ser pertinente, presentará una denuncia ante la Fiscalía sobre HealthBird. El martes 9 de diciembre del 2025 precisó: “Estamos a la espera de las respuestas a los pedidos de información que hemos solicitado, a fin de contar con los debidos sustentos antes de formalizar la denuncia”.

Asimismo, Veloz espera la respuesta de la Contraloría General del Estado, que le indicó que la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social efectuaría una verificación preliminar antes de hacer un examen especial al proceso de HealthBird y CNT en el Seguro Social.

Habría que investigar a los presuntos involucrados en el caso de HealthBird

Al respecto, otro abogado penalista, Ciro Guzmán, detalló que la Fiscalía General del Estado actúa en varias circunstancias. Por ejemplo, frente a un delito flagrante o de oficio, porque tiene conocimiento del cometimiento de un presunto delito. En el caso de HealthBird, dijo, los indicios pueden ser el punto de partida.

“No se pagaron los 37 millones de dólares, pero estaban a un paso de firmar el contrato, según informes. Un asambleísta debería poder acceder a esos datos, como parte de su facultad fiscalizadora. Si no le contestan, tiene argumentos para pedir que la Fiscalía actúe porque existiría algo raro, oscuro y que no se transparenta. Habría que investigar a quienes se presume estarían involucrados”, manifestó.

En materia penal, según Guzmán, sí se sanciona la tentativa de delitos contra la administración pública. “Se debe investigar para determinar si hubo una conducta dolosa, irregular. Vivimos un momento difícil, ya que inclusive la primera autoridad incumple las normas”.

Contexto

EXPRESO fue a direcciones de HealthBird en Miami y Quito. En la primera ciudad, nadie dio razón de la empresa. En la segunda dijeron que el gerente no podía atender.

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