El rol del TCE es cuestionado por los efectos de sus sanciones a los políticos

La reciente decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, de suspender por nueve meses a la Revolución Ciudadana (RC) ha vuelto a colocar al organismo como protagonista de las acciones para inhabilitar a los adversarios del régimen.

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Según expertos, el TCE se ha transformado en la herramienta de una aparente estrategia que se activa en contra de opositores cerca de un período electoral. Lo dicen porque el organismo también tuvo un rol determinante en la pugna entre Verónica Abad y Daniel Noboa. 

En marzo de 2025, el Tribunal sancionó a la entonces vicepresidenta con la pérdida de derechos políticos, lo cual le impidió asumir la Presidencia de la República, antes de la campaña de segunda vuelta de ese año.

También, en noviembre de 2024, el TCE inhabilitó a Jan Topic como presidenciable, al señalar que mantenía vínculos con contratistas del Estado.

¿Una afectación a la democracia?

Los especialistas lamentan que las acciones que podrían contribuir a sancionar prácticas indebidas, como el financiamiento ilegal de los partidos -que sería la razón de la sanción de la RC-, generen desconfianza en las autoridades y afecten a la democracia en el país.

“Usar las instituciones desde el Estado para perseguir o neutralizar a los adversarios políticos, instrumentalizando el poder público, representa una amenaza para la democracia constitucional y, desde un enfoque jurídico, hay riesgo de que se afecte el principio de independencia de funciones porque en el diseño institucional se busca que los organismos de justicia o de control sean autónomos. Pero cuando son usadas como armas políticas, se rompe el sistema de pesos y contrapesos y terminan subordinándose a la voluntad del gobierno de turno”, dice el experto en Derecho Constitucional, Salim Zaidán.

El constitucionalista Gonzalo Muñoz respalda ese criterio. “Vemos prácticas gubernamentales que utilizan a entidades de control para perseguir o inhabilitar los adversarios políticos, que son vistos como enemigos. Existe el caso del candidato Topic y de la señora Abad, ahora vemos que esta práctica se repite con la RC. Me considero antagónico a los postulados de ese movimiento, pero sí defiendo su participación en elecciones; si hay que derrotarle, debe ser en las urnas, no inhabilitando. Este actuar no es democrático, lacera los principios republicanos”, opina.

Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, “esta es una situación en donde uno no sabe bien qué pensar. Podrían haber razones legales, pero pierden legitimidad cuando: 1. Se ve que se actúa en unos casos y en otros, no; 2. Cuando hay procesos electorales importantes y 3. Por la misma falta de legitimidad que tienen el CNE y TCE, sobre todo el primero porque tiene una confianza bajísima. Son elementos que hacen desconfiar de estas instituciones”, insiste.

Los analistas anticipan los posibles efectos que conllevarían estas prácticas. Según Muñoz, “haría que pasemos de un Estado con independencia de funciones a una autocracia”.

Mientras que Moscoso cree que las consecuencias “son graves porque se desconfía del elemento central de la democracia, que son las elecciones, que deben ser limpias y competitivas; esas características quedan en entredicho”.

Zaidán va más allá y menciona posibles repercusiones a nivel internacional. “Las instituciones que actúan por consigna política pierden su autoridad moral y recuperar esa confianza toma mucho tiempo. Ya pasó con el correísmo y eso debe hacernos reflexionar sobre los riesgos. Tener períodos de abuso del poder hace que la democracia se debilite a tal punto, que generamos desconfianza en los mercados internacionales y en otros Estados que quieren colaborar con el país”.

La mirada del oficialismo

El oficialismo, por su parte, ha defendido la actuación del TCE. La jefa del bloque de ADN, Valentina Centeno, manifestó en Guayaquil “que la RC debería estar pensando en su defensa ante Fiscalía y el TCE. Celebramos que los organismos electorales estén investigando porque no podemos permitir que el narco tenga secuestrado a políticos y menos aún a los partidos políticos”.

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