Suspensión de Revolución Ciudadana: Estos son los escenarios que abriría el proceso
Exautoridades analizan los recursos que le quedan al correísmo de cara a las elecciones de 2027
La Revolución Ciudadana (RC) tuvo su primer tropiezo en el plan que ideó para impugnar la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, quien suspendió durante nueve meses a la organización política debido a una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.
El titular del Ministerio Público notificó al TCE que el movimiento correísta es investigado por el caso Caja Chica, en el cual la Fiscalía indaga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, al señalar que la RC habría recibido dinero de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
El resbalón ocurrió porque el juez Viteri rechazó la tarde del martes la solicitud presentada por la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, para que se declare la nulidad del auto mediante el cual se dispuso la suspensión provisional. La decisión la adoptó por la falta de legitimación de la dirigente, al verificar que ella no figura como representante legal del movimiento, sino la excandidata Luisa González.
Aunque la RC sufrió un traspié, existen varias alternativas que la organización puede emplear para defenderse. Sin embargo, esas opciones abren otros escenarios que podrían incidir en su aspiración de participar en las elecciones seccionales del 2027.
Antes de analizar las opciones, exautoridades electorales cuestionan la decisión del juez Viteri, pues señalan que no tiene asidero. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dice que “es la primera vez, desde que existe el Código de la Democracia, que un auto de admisión adopta una medida preventiva suspensiva de una organización política. No ha existido nunca ni tampoco hay un parámetro o norma legal que establezca que se puedan tomar este tipo de medidas”.
Un criterio similar expresa Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE). “El auto de admisión está fuera de lugar, es ilegal, inconstitucional y tiene que ver con una decisión política, donde el juez Viteri ejecuta la decisión política del Ejecutivo. Esto porque los elementos planteados en la providencia son falsos, ya que la suspensión es para cuando concluye el proceso sancionatorio, pero este no se ha iniciado”, explica.
Las alternativas abrirían distintos escenarios
En ese sentido, ambos coinciden en que el movimiento tendría estas opciones:
- Podría presentar una impugnación, pedido de nulidad y revocatoria de la decisión. Este miércoles, el CNE aprobó la nueva directiva de la RC encabezada por Rivadeneira, lo cual le permitiría impugnar nuevamente el auto de Viteri.
- En caso de que el magistrado niegue la nueva petición, la RC tendría como alternativa elevar la solicitud al Pleno del TCE, para que los magistrados resuelvan ese recurso.
- Otra opción es que la organización política acuda a la justicia ordinaria y solicite una acción extraordinaria de protección.
No obstante, el inicio de los distintos procesos mencionados dependerán de la estrategia del movimiento.
El tiempo, un factor clave
El experto en observación electoral Santiago Carranco menciona que un aspecto que no se debe dejar de lado es el tiempo que tiene la RC para tratar de solucionar la suspensión. “Tienen este mes para apelar, porque el 14 de abril se inicia el calendario electoral, se cambia de régimen y solo se pueden remitir a lo dispuesto por el TCE”, sostiene.
Carranco considera que en un escenario desfavorable para la RC, una opción sería que el movimiento correísta busque alianzas con otras organizaciones.
Pero Aguinaga indica que esa alternativa no cabe porque es la agrupación política la que está sancionada. “Hay riesgo de que los candidatos sean impugnados por el proceso que tiene activo en el TCE”, opina.
Camacho está en desacuerdo con que se contemple ese escenario, porque “la pérdida de los derechos de los militantes, adherentes sería una aplicación extensiva, pero ilegal; no sería raro que esa sea la interpretación. Las salidas podrían existir, pero no se las debe encontrar fuera del derecho ni de la administración de justicia. De lo contrario, estamos condenados a vivir en una dictadura”.
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