TCE niega pedido de Rivadeneira y mantiene la suspensión de Revolución Ciudadana
El fallo dice que Rivadeneira no acreditó ser la representante del movimiento. La RC habla de “ataque al pluralismo político"
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri Llanga, rechazó la solicitud presentada por Gabriela Rivadeneira para que se declare la nulidad del auto mediante el cual se dispuso la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Con esta decisión, la medida adoptada el pasado 6 de marzo de 2026 se mantiene vigente.
El magistrado negó el pedido por falta de legitimación, luego de verificar la representación legal de la organización política. Para ello solicitó una certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirmó que quien consta registrada como presidenta y representante legal del movimiento es Luisa González, y no Rivadeneira.
Con base en esa certificación, el juez concluyó que Rivadeneira no acreditó la calidad para actuar en representación del movimiento político dentro del proceso, por lo que su solicitud fue considerada como no presentada. En consecuencia, el juez dispuso que se mantenga vigente el auto anterior que ordenó la suspensión provisional de la RC por nueve meses, mientras se tramita la causa.
La reacción de Revolución Ciudadana
Tras conocerse la decisión judicial, Revolución Ciudadana difundió un pronunciamiento en inglés en el que cuestiona la medida y la califica como un ataque a la democracia.
En el documento, la organización sostiene que la suspensión de su movimiento, al que describe como la mayor fuerza opositora del país, representa “un grave ataque al pluralismo político y a los derechos democráticos de millones de ecuatorianos”.
También afirma que la decisión del juez Joaquín Viteri Llanga impide que la RC participe en las próximas elecciones locales previstas para 2027, debido a que la suspensión coincide con el periodo de inscripción de candidaturas.
El movimiento además asegura que el proceso se originó en una causa impulsada por el fiscal encargado Carlos Alarcón, en carrera para ser tirular, y sostiene que las acusaciones se basan en el testimonio de una persona procesada por abuso sexual infantil, quien, según el comunicado, habría recibido beneficios dentro del sistema penitenciario a cambio de declarar contra la organización.
En su pronunciamiento, la RC sostiene que la decisión forma parte de un patrón de persecución política contra dirigentes opositores en Ecuador y pidió a partidos políticos, organizaciones sociales, observadores electorales y organismos internacionales de derechos humanos que sigan de cerca la situación y defiendan el Estado de derecho en el país.
Instamos a los organismos internacionales a que escuchen: la Democracia en Ecuador está en serio peligro.@OAS_official @UN @COPPPAL @Europarl_EN @EU_Commission @UN_HRC @CIDH @HRW @amnesty@dw_espanol pic.twitter.com/cwiYxUowpD
— Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) March 11, 2026
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