El oficialismo tiene en 'veremos' los casos de fiscalización al Gobierno de Noboa
Fiscalización sobre contratos con Progen y ATM, así como sobre entrega de bonos en campaña, sin informe tras varios meses.
La última pugna entre el oficialismo y el correísmo por la fiscalización de un tema relacionado con el Ejecutivo tuvo que ver con el paro nacional de este año. En lo que se ha convertido en una práctica recurrente, ADN volvió a llevar el tema a una de las comisiones en las que tiene mayoría, pese a que otros procesos adjudicados de la misma manera aún no tienen esperanza de resolución.
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Las disputas por fiscalizar al Gobierno de Daniel Noboa comenzaron con los casos Progen y ATM. Ambas empresas firmaron contratos con el Estado para la generación eléctrica, pero los acuerdos fueron observados incluso por la Contraloría, aunque sin determinar responsabilidades a nivel de secretarios de Estado.
Las disputas por 'fiscalizar'
Fue la Comisión de Garantías Constitucionales, con mayoría correísta, la que anunció el 11 de junio de 2025 que iniciaría la fiscalización de dichos contratos. Pero inmediatamente después, el oficialismo se adjudicó el proceso con el aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Así, el 21 de junio de 2025 esa instancia resolvió que la mesa de Transparencia, presidida por la gobiernista Diana Jácome, sería la única competente para continuar con la investigación sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
Han transcurrido 119 días (casi cuatro meses) sin que esa comisión presente los resultados de la fiscalización iniciada. EXPRESO consultó a Jácome el 16 de septiembre pasado sobre los avances, y ella aseguró que en 15 días habría un informe para tratarlo en la comisión. Hasta la fecha eso no ha ocurrido.
El asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que el informe sobre Progen ha avanzado en un 60 %. Aseguró que la mesa cuenta con casi toda la información de los ministerios. “Nos hace falta la información por parte de la Contraloría porque se han hecho alcances”, precisó.
Según Vera, existe inconformidad porque, a su criterio, debería haber un mayor alcance en las responsabilidades. “No se está involucrando a todos los responsables del caso”, comentó, en referencia al rol de los secretarios de Estado.
Blasco Luna (RC), también integrante de esa comisión, manifestó que ha presentado escritos solicitando que se lleve adelante el debate del informe, pero no ha recibido respuesta. “Es una muestra de que no les interesa fiscalizar y únicamente quieren ocultar la corrupción”.
Otro caso que también pasó de una comisión correísta a una oficialista fue la fiscalización de la entrega de bonos durante la campaña para los comicios generales de 2025. El presidente-candidato Daniel Noboa disputó la Presidencia de la República en segunda vuelta con la correísta Luisa González.
El mecanismo para que la Comisión de Transparencia se quedara con ese proceso fue el mismo que el aplicado en el caso Progen. Esta indagación también fue impulsada desde la Comisión de Garantías Constitucionales, e incluso fueron convocadas tres autoridades del Gobierno que no asistieron.
Durante la sesión del CAL del 4 de julio se aceptó el pedido de Jácome para trasladar esa fiscalización a su comisión.
La legisladora oficialista argumentó que “la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de control social”.
Sobre este tema, Jácome adelantó únicamente que se está avanzando. “Se ha solicitado información a los entes respectivos para tener elementos que nos permitan elaborar el informe”, dijo. Sin embargo, desde la delegación de esta fiscalización por parte del CAL han transcurrido 106 días sin ninguna pista clara sobre su rumbo.
La fuga de alias Fede
Un tercer caso clave fue asignado a la Comisión de Seguridad (donde ADN tiene mayoría): la fuga de alias Fede. Esto ocurrió después de que en el Pleno se bloqueó una moción del correísmo que pretendía convocar a las autoridades del área de seguridad para que ofrecieran explicaciones.
El proceso, en su mayoría, se manejó con carácter reservado dentro de la mesa de Seguridad, incluido el tratamiento del informe final. Este Diario pudo conversar con el vicepresidente de esa comisión, Andrés Castillo (ADN), quien reveló que una de las conclusiones fue un exhorto para que se establezca un nuevo protocolo de coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el SNAI, “para evitar futuros eventos como el de la fuga de Fede”.
El tema quedó ahí. Según dicho informe, no existe ninguna pista sobre posibles responsabilidades políticas en la fuga de uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Águilas, quien fue recapturado en Colombia.
Ahora la misma comisión prevé fiscalizar los actos violentos del paro. Autoridades del gobierno que preside ADN serían las primeras convocadas.
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