
El negocio de armas crece, pero también el riesgo de su mal uso
Ecuador importó $ 7,4 millones en revólveres y armas semiautomáticas desde el 2023
Desde abril de 2023, Ecuador ha importado más de 7,4 millones de dólares en revólveres y armas semiautomáticas, lo que representa un cambio significativo en su política de control armamentista. Este fenómeno ocurre en un contexto de crisis de seguridad sin precedentes, con un promedio de casi dos masacres por semana y más de 300 víctimas de violencia múltiple solo en 2025.
La flexibilización del porte civil de armas ha coincidido con el crecimiento acelerado de la industria de seguridad privada, que pasó de 2.365 empresas en 2018 a más de 3.500 en 2023. Este sector emplea actualmente a 98.100 personas y genera una facturación anual superior a 83 millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Jorge Villacreces, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad, explica que algunos importadores han enfocado sus ventas hacia ciudadanos de zonas rurales, aprovechando la nueva normativa que permite el porte de armas bajo ciertos requisitos. Según Villacreces, este proceso suele acelerarse mediante tramitadores que facilitan la obtención de permisos. Además, señala que una parte significativa de las armas ha sido adquirida por empresas de seguridad privada, especialmente por nuevas compañías actualmente bajo observación, “algunas de las cuales ofrecen servicios de custodia que podrían estar vinculados a grupos delictivos, lo que genera preocupación sobre el uso y destino final de las armas importadas”, señala.
Se permite el porte de armas, pero con requisitos
La Ley de Armas de 2024, vigente desde noviembre, establece requisitos estrictos para la tenencia: ser mayor de 25 años, contar con certificados psicológicos y toxicológicos, y no tener antecedentes penales. Sin embargo, el uso de armas para defensa personal está condicionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que genera incertidumbre legal entre los ciudadanos.
El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) advierte que Ecuador es altamente vulnerable al tráfico de armas, tanto por vía terrestre como aérea. El 84% de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego, muchas de ellas provenientes de mercados ilegales. Provincias como El Oro, Manabí y Santa Elena se han convertido en puntos críticos de ingreso clandestino. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que las empresas de seguridad privada representan un eslabón sensible en el ecosistema del tráfico ilícito, debido a robos, pérdidas y falta de registro de armas. El analista en conflictos armados, Néstor Rosanía, advierte que detrás de estas alianzas existe un mercado lucrativo:
“La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas no solo ofrecen cooperación, sino que también venden servicios y equipos. Son los más interesados en mantener esa dinámica”.
El proceso de adquisición de armas por parte de empresas privadas no es complejo. Por ejemplo, una empresa importadora puede solicitar la compra de 1.000 armas a una marca internacional. Una vez realizada la compra, solicita al control de Fuerzas Armadas la autorización para importar ese cupo. Posteriormente, una empresa de seguridad como Mac Security puede adquirir una parte de ese lote, digamos 100 armas. Estas se descuentan del inventario original y se transfieren oficialmente a la empresa compradora, quedando registradas en el sistema de control de armas. Así lo detalla John Garaicoa, presidente de la empresa de seguridad Mac Security. La percepción ciudadana frente a esta realidad es diversa. María Fernanda López, madre de dos hijos en Guayaquil, comenta: “Yo no quiero tener un arma, pero tampoco quiero que otros la tengan sin control. Me da miedo que cualquier persona pueda disparar por miedo o por rabia”.
Por su parte, Rosa Medina, profesora en Manta, señala: “La violencia no se combate con más armas. Lo que necesitamos es educación, empleo y justicia. Las armas aumentan el miedo”.
- Dato. Este nivel de adquisiciones se registra en un contexto con un récord de homicidios en los seis primeros meses de 2025.
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