El dilema de la seguridad: 5.249 homicidios en lo que va del 2025

Las muertes violentas en el país no solo aumentan, sino que lo hacen con rapidez. Entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2025, el Ecuador registró 5.249 homicidios, lo que representa un incremento del 35,8 % respecto al mismo período de 2024. Este dato convierte a 2025 en el año más violento desde que la Policía Nacional comenzó a llevar registros en la década de los 90.

El gobierno del presidente Daniel Noboa promete aplicar mano dura. Esta postura contrasta con la que adoptó al inicio de su mandato, cuando mantuvo durante casi cinco meses encargado el Ministerio del Interior, clave en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, a la ministra de Gobierno.

Hoy, la estrategia muestra un cambio, al menos en la comunicación oficial. El gobierno informa a diario sobre operativos contra bandas organizadas, extorsionadores, narcotraficantes y secuestradores.

“Hemos dado golpes fundamentales contra el líder de Los Choneros (alias Fito), debilitado la estructura y la economía de Los Lobos y Tiguerones”, ha dicho el ministro del Interior, John Reimberg.

Esta criminalidad afecta tanto a zonas urbanas como rurales. El 27 de julio, en una parroquia de Guayas, un grupo armado ingresó a un bar durante una festividad local y asesinó a 17 personas. Este hecho se suma a las más de 330 masacres ocurridas desde el inicio del mandato, muchas de ellas con víctimas ajenas al crimen organizado.

La expansión de las bandas criminales ha provocado una crisis humanitaria. Según cifras oficiales, en 2024 más de 101.000 personas fueron desplazadas por la violencia, y cerca de 49.000 no lograron regresar a sus hogares al cierre del año. Las provincias más afectadas son Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas, donde la presencia del Estado resulta insuficiente para garantizar seguridad.

Desde enero de 2024, el gobierno mantiene una política de militarización. Ese mes, Noboa declaró un “conflicto armado interno” contra 22 organizaciones delictivas, lo que permitió desplegar a las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía.

Un debate que se limita a apuntar a la Corte Constitucioal

En junio, el gobierno sumó nuevas herramientas jurídicas mediante tres leyes: Inteligencia, Solidaridad e Integridad. Estas normas permitían, hasta antes de su suspensión por parte de la Corte Constitucional, aplicar prisión preventiva inmediata, realizar espionaje sin supervisión judicial, ejecutar allanamientos sin orden judicial y utilizar fuerza letal en operaciones contra el crimen organizado.

A pesar de estas medidas, los homicidios continúan en aumento. Solo en febrero, se contabilizaron 737 homicidios, lo que representa un 91,9 % más que en el mismo mes del 2024.

Para Reimberg, el control constitucional de los jueces que, por ahora, frena la aplicación de esas leyes es igual a ponerse del lado de las bandas organizadas y darle la espalda a los ecuatorianos. “Si la Corte tiene temor, abra la puerta, despídase y retírese”, ha señalado.

En cambio, para organismos internacionales como Human Rights Watch han advertido que las medidas más polémicas, como el espionaje sin control judicial o el indulto anticipado, podrían debilitar el sistema de garantías y afectar derechos fundamentales no de los delincuentes, sino de todos los ciudadanos, en especial opositores políticos, activistas, etc. Además, señalan que estas acciones no abordan problemas estructurales como la corrupción policial, la debilidad judicial y la falta de políticas de prevención social.

• Región. Según la ONUDC, América Latina enfrenta además una fragilidad institucional que permite la infiltración del crimen organizado en el Estado.

La Costa, en números rojos

La Policía ha determinado las zonas más conflictivas del país. Son cuatro provincias: Guayas, Manabí, los Ríos y El Oro. Dentro de Guayas, en donde se han registrado 2.543 personas muertas de forma violenta, 1.989 casos se dieron solo en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. En Manabí hubo 719, en Los Ríos, 713 y en El Oro, 365. El miércoles pasado, en el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción en estas zonas por la causal de grave conmoción interna por 60 días. Esto implica la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en estas provincias.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, especifica el Decreto consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos y las requisas por policías o militares.

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