Quito redistribuirá el cobro de obras y baja el impacto del predial
Con la nueva ordenanza, las obras en Quito ya no serán pagadas solo por los vecinos frentistas, sino por todos los usuarios
Cada enero, junto con el pago del impuesto predial, los habitantes de Quito cancelan un valor adicional correspondiente a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), un rubro destinado a financiar obras locales y distritales ejecutadas mediante presupuestos participativos.
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Concejo de Quito aprueba la reforma a la Contribución Especial de Mejoras
Aunque este cobro ha existido por años, su forma de aplicación ha sido motivo de reclamos ciudadanos debido a los altos valores que recaían directamente sobre los propietarios frentistas.
Esta semana, el Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos la reforma a la ordenanza de la CEM, una normativa que, según el alcalde Pabel Muñoz, marca un hito en términos de justicia social y equidad territorial. “Junto con la regularización de barrios, esta es una de las reformas más importantes de nuestra administración, por su impacto directo en la economía de las familias”, señaló.
El cambio central radica en que las obras ya no serán costeadas únicamente por los frentistas, sino por todos quienes se benefician de ellas.
De acuerdo con la magnitud e impacto de cada intervención, el cobro podrá distribuirse a nivel local, parroquial, zonal o distrital. Bajo el esquema anterior, un vecino podía pagar hasta $500 por la rehabilitación de su calle; con la nueva distribución solidaria, ese valor podría reducirse incluso a $ 1 al repartirse entre el universo real de usuarios.
Muñoz explicó que la reforma permite dividir el costo de una obra según su alcance. “Si una vía conecta varias parroquias, lo lógico es que el cobro se distribuya en la administración zonal; si conecta zonas de distintas administraciones, se divide entre ellas. No es justo que una sola familia cargue con el costo de una obra que beneficia a miles”, sostuvo en diálogo con los medios.
De pagar $500 a solo $1: cómo cambia el cálculo de la CEM
Un ejemplo de este impacto se observa en el barrio Las Orquídeas, en Puengasí. Durante años, sus moradores transitaban por escalinatas deterioradas y oscuras. Hoy, gracias a siete obras viales y peatonales impulsadas por los vecinos a través de los presupuestos participativos, el sector cuenta con gradas nuevas, iluminación, jardineras y murales. “Antes se dificultaba pasar por aquí, era inseguro y ahora las familias caminan tranquilas”, relata Teresa Añazco, moradora del sector.
Para Pamela Calo, vecina de la zona, la aprobación de la ordenanza es clave. “Muchas personas hacen un gran esfuerzo para pagar el predial. Cuando se suman estos cobros, se vuelve impagable. Es justo que toda la comunidad aporte por una obra que beneficia a más de un barrio”, afirma.
La reforma también amplía los plazos de pago de cinco a 20 años para obras ejecutadas antes de la normativa, lo que reduce significativamente el valor anual a cancelar. No obstante, la ordenanza no es retroactiva: las obras ya cobradas continuarán pagándose, pero bajo mejores condiciones.
La vicealcaldesa Fernanda Racines destacó que la medida corrige una deuda histórica con la ruralidad. “No es posible que un barrio que espera 40 años por una obra tenga que pagarla en cinco. Además, gestiones anteriores pensaron solo en lo urbano y olvidaron a las parroquias rurales, que sostienen la ciudad”, señaló.
La reforma surge tras múltiples quejas ciudadanas. En agosto 2025, decenas de moradores se sorprendieron al encontrar en sus planillas prediales cobros que multiplicaban lo pagado en años anteriores. En un recorrido realizado por EXPRESO por sectores como La Pulida Alta, vecinos denunciaron que obras ofrecidas y financiadas por presupuestos participativos terminaron incluidas en la CEM. “Me cobraban $200, ahora son 800 dólares al año durante una década”, reclama Grace Palma.
El nuevo esquema entrará en vigencia para obras ejecutadas a partir de 2026. Con ello, el Municipio busca garantizar que el desarrollo urbano no comprometa la estabilidad económica de las familias y que la infraestructura se construya bajo un principio de corresponsabilidad solidaria.
