La corrupción penitenciaria: un laberinto sin salida en Ecuador
La corrupción en el sistema de cárceles se tornó estructural. Habría un plan, pero resultados no asoman
El sistema penitenciario de Ecuador se convirtió en la caja de resonancia del crimen organizado. Desde hace años, las cárceles pasaron a ser centros de poder donde cabecillas imponen reglas, corrompen a funcionarios y extienden su influencia a la justicia y la política.
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Los casos judiciales revelados en las últimas semanas confirman la magnitud del problema y exhiben a un Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) sometido.
Los criminales que buscan manejar las cárceles
Uno de los episodios más recientes se conoció en la audiencia del caso Cazador, que perfila la estructura de Los Lobos. La Fiscalía expuso que la esposa de Danny Manuel Córdova Carvajal, alias Fuerte, cabecilla de esa facción, estuvo proyectada para ocupar la dirección de un centro carcelario. El expediente añade que ella solicitó un vehículo blindado como condición para asumir el cargo.
Un caso similar se destapó en torno a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros. Su pareja, Verónica Briones Zambrano, manejó más de un millón de dólares en transferencias realizadas entre 2020 y 2024. Esos recursos llegaron a cuentas de guías penitenciarios, policías e incluso a un director de cárcel.
Los registros bancarios confirmaron pagos sin respaldo legal al director del Centro de Rehabilitación Social Mixto de El Oro en 2022. Supuestamente, estos pagos eran para asegurar privilegios, ingreso de objetos prohibidos y libertad de movimiento para miembros de las bandas.
Los casos Metástasis, Purga y Plaga completan el panorama. En esas investigaciones la Fiscalía demostró cómo jueces, fiscales y directores del SNAI facilitaron la salida irregular de reclusos, la entrega de beneficios indebidos y la manipulación de expedientes judiciales.
Los millonarios pagos de los presos
La CIDH y organismos de derechos humanos han advertido que el SNAI opera bajo un esquema de corrupción estructural. Los presos pagan por todo: desde agua hasta armas de guerra. Un celular puede costar 500 dólares dentro de los muros y un fusil alcanza los 15.000 dólares.
El costo institucional es devastador. El jueves el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, debía comparecer en la Comisión de Seguridad de la Asamblea para declarar sobre la fuga de Federico Gómez Quinde, alias Fede, de la Penitenciaría del Litoral. Pero no asistió.
La teoría de la Fiscalía señala que alias Fede se habría vestido con ropa militar o de guía, que lo acompañaron agentes de las FF. AA. y que habría pagado 1 millón de dólares por su fuga.
Sin embargo, a pesar de todos los casos, Mauricio Mayorga, director general del SNAI, aseguró en junio pasado que sí existen estrategias anticorrupción en centros de privación de libertad para este 2025. Los resultados aún no se han mostrado.
Presos con tuberculosis
La salud es uno de los muchos retos que enfrenta el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El pasado 1 de agosto de 2025, la entidad reubicó a 400 presos con tuberculosis.
Sin embargo, seis presos fueron hallados muertos dentro de sus celdas en la Penitenciaría del Litoral el jueves 28 de agosto. No se ha informado la causa, pese a las críticas por el manejo de las prisiones.
- Obra. Todavía persiste la sobrepoblación carcelaria. Para el gobierno, el plan es la construcción de la Cárcel del Encuentro, que ya está bastante avanzada.
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