El fin del subsidio al diésel es una prueba clave para Noboa y la oposición

Daniel Noboa puso a prueba su capital político y la capacidad de reacción ante lo que podría ser su primer conflicto con sectores sociales. Es el tercer presidente desde 2017 que elimina el subsidio a los combustibles, una medida que, para los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso, derivó en violentas protestas.

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Noboa anunció la medida la tarde-noche del viernes pasado, en medio de la discusión sobre su consulta popular y el conflicto con la Corte Constitucional, tras la marcha que encabezó en Guayaquil el 11 de septiembre.

A la par de la eliminación del subsidio, el Gobierno apuntó a las compensaciones para minimizar el impacto de la decisión. Entre estas están el incremento de familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano y pagos a choferes del sector transporte.

En otra acción política, el Ejecutivo decidió trasladarse a Latacunga, Cotopaxi. Cabe recordar que en los paros de 2019 y 2022, el grueso de los manifestantes llegó a Quito desde esa provincia, donde el movimiento indígena tiene fuerte influencia.

La Conaie, Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y los transportistas ya anunciaron movilizaciones. Aunque la tarde de ayer, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha suspendió la paralización de sus servicios anunciada el sábado pasado.

Pero, el escenario político en el que ahora se mueve Noboa difiere de las condiciones en las que Moreno y Lasso enfrentaron la misma medida. Aunque la aceptación de Noboa ha experimentado una caída, según encuestas como la de Cedatos (cierre a finales de agosto de 2025), la aprobación con la que cuenta todavía es considerable.

Por ahora, Noboa no enfrenta una oposición política unificada y con capacidad de reacción. El correísmo en la Asamblea ha sido bloqueado y organizaciones como la Conaie atraviesan una transición después de la salida de Leonidas Iza de la presidencia.

Para la catedrática y experta en Comunicación Política Caroline Ávila, hay dos elementos a tomar en cuenta respecto a cómo el Gobierno podría enfrentar el impacto tras la medida. El primero tiene que ver con que Noboa sí cuenta con un capital político.

El segundo elemento es que, pese a que es una medida que ya ha sido tomada antes, el enfoque, al menos desde la comunicación, se está abordando de manera distinta. De ahí que el traslado a Latacunga, según la experta, obliga a la oposición -ya sea la Revolución Ciudadana, Pachakutik o los gremios del transporte- a diseñar estrategias distintas, como por ejemplo, darle la carga simbólica gubernamental a otro espacio y no a un presidente con una presencia física en Quito, por ejemplo.

Para el analista político Esteban Ron, un sector importante en las movilizaciones de 2019 y 2022 fue el indígena. Pero, actualmente enfrentan divisiones y pugnas internas. De hecho, seis de los nueve asambleístas de Pachakutik que ganaron un escaño en febrero de 2025 son aliados del gobierno.

A esto, según Ron, se suma el hecho de que hay una oposición dispersa que difícilmente pueda articularse alrededor del malestar por la eliminación del subsidio. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano difícilmente logrará un acuerdo con PK. Además de las diferencias ideológicas, sectores de la derecha en Guayaquil se han mostrado a favor de la medida.

Aunque, para Ávila, esa posible articulación dependerá también de otros factores; entre ellos el que no se concretan cambios en temas de interés público como la salud o si no vuelven a ocurrir apagones como en 2024.

Ávila También advierte que dicha oposición no ha logrado establecer un discurso consistente y duradero, con excepción de lo ocurrido en agosto pasado cuando la Revolución Ciudadana abanderó la crisis de la salud. 

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